Abogados y Senadores de Estados Unidos envían cartas por las violaciones al Estado de Derecho en México

Escribir cartas no ha quedado en el pasado, aunque suene anacrónico en nuestra era digital. En recientes días estuvieron en la mira política las cartas enviadas por Andrés Manuel López Obrador a algunos dignatarios europeos de la mano del servicio postal BGM (Beatriz Gutiérrez Müller).

Las cartas entregadas en Francia, Austria y El Vaticano quedarán como un capítulo más de la tragicomedia de absurdos y equívocos de la Cuarta Transformación.

Ahora el destinatario de las cartas es México y no es para estar orgullosos, sino para levantar una nueva alarma internacional.

La American Bar Association (ABA), un reconocido Colegio de Abogados de los Estados Unidos, envió el pasado 20 de octubre de 2020 una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador por violentar el Estado de Derecho de los contribuyentes estadounidenses, quienes no pagan impuestos.

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Las cartas también fueron enviadas con copia a Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

Una de las primeras quejas del ABA dice que los funcionarios del SAT han advertido que los abogados defensores de los contribuyentes son un obstáculo para los objetivos de transformación de México.

La barra de abogados de Estados Unidos ven un golpe a las invitaciones de funcionarios a los contribuyentes con irregularidades fiscales para que vayan directamente con el SAT para arreglar su situación, aconsejando a no buscar representación legal.

Los abogados estadounidenses señalan que la Procuraduría Fiscal de la Federación amenazan a los contribuyentes con investigaciones como una forma de presionarlos.

Dichas acciones, según la ABA, impiden a los contribuyentes el acceso a la justicia, la representación legal y un juicio justo, violando leyes mexicanas y tratados internacionales, específicamente los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

El secretario de Hacienda contestó la carta indicando que no se ha restringido el derecho de los contribuyentes a buscar asesoría legal y reconoce que las funciones de los abogados defensores son necesarias para salvaguardar el Estado de Derecho. Desde luego, negó que amenacen a los contribuyentes con procesos penales.

El SAT ha realizado exitosas negociaciones para recaudar impuestos de grandes contribuyentes estadounidenses como Wal-Mart e IBM. Lo que está en cuestionamiento es si las facultades de revisión, investigación y ejecución de las autoridades fiscales están siendo desmedidas y basadas en actuaciones intimidatorias, violentando el marco legal y poniendo en situación de desventaja procesal al contribuyente. 

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Las disposiciones fiscales para 2021 aprobadas por la Cámara de Diputados  instrumentan un Big Brother Fiscal para obligar a los contribuyentes a pagar.

El SAT tiene la facultad para usar herramientas tecnológicas en busca de recabar imágenes o archivos electrónicos que sirvan como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal del contribuyente.

 Tal medida rebasa los límites del derecho de la privacidad de las personas y puede exponer su información a una fuga o venta de datos, como ha sucedido con otras instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Acaso no es intimidatorio que el propio presidente de México utilice las “mañaneras” para exponer y atacar a empresas que no han pagado sus impuestos? La sucia táctica de “negociación” perjudica la imagen y reputación comercial del contribuyente frente al público, manchando e interfiriendo cualquier proceso legal de defensa. 

El 22 de octubre de 2020,  un grupo de senadores y congresistas de Estados Unidos enviaron otra carta al presidente Donald Trump para quejarse de México. 

En la misiva advierten sobre las acciones que ha realizado el gobierno de México en el mercado energético, ya que amenazan la inversión y el acceso de las empresas estadounidenses y socavan el espíritu del reciente Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

También reclaman que la política de la actual administración mexicana, va en contra de las reformas constitucionales de 2014, que permitieron la participación privada en el sector energético mexicano. 

Las empresas estadounidenses han invertido miles de millones de dólares para desarrollar infraestructura energética en México y en Estados Unidos para importar combustible de las refinerías estadounidenses para satisfacer la demanda mexicana.

Acusaron que el gobierno mexicano está brindando un trato regulatorio preferencial para Petróleos Mexicanos (Pemex) y retrasando o cancelando los permisos absolutos para las empresas energéticas estadounidenses.

Agregaron que de acuerdo con un memorando filtrado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ordenó a las autoridades mexicanas que utilicen todos los recursos disponibles dentro del marco regulatorio para proteger a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo más alarmante es que en dicha carta los legisladores señalan que miembros del partido gobernante, Morena han presentado iniciativas constitucionales que revertirían la reforma energética de 2014 y buscarían renunciar a todos los contratos actualmente vigentes.

El grupo de congresistas pide a Donald Trump que dialogue con México para mantener certeza y equidad para las firmas estadounidenses que operan en el mercado energético mexicano.

Hasta el momento no se ha pronunciado Donald Trump, quien tiene como prioridad el proceso electoral de su reelección, por lo que difícilmente atenderá la petición en este momento, pero ya sea él o el nuevo Presidente, intervendrá en la siguiente administración.

El 24 de octubre de 2020, el presidente de la República  visitó la Termoeléctrica Carbón II “José López Portillo” en Coahuila y fue muy claro en su respuesta a los reclamos de los legisladores estadounidenses: “Su gobierno no va dar un paso atrás, que se va a rescatar a PEMEX y a la CFE. Se les va a dar preferencia a estas empresas públicas”.  Y recalcó “así de claro”.

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Además, advirtió que de ser necesario enviará una iniciativa de reforma a la Constitución para que “vuelva a prevalecer el espíritu del Artículo 27 Constitucional”, es decir, para revertir la Reforma Energética de 2014.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió provisionalmente la política de la Secretaría de Energía que limita la producción eléctrica renovable del sector privado.

 “No vamos a ceder en este asunto, porque tenemos que defender el interés público, del pueblo, de la nación”, haciendo apología en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos”, expresó López Obrador.

También mencionó que evaluarán otras instancias e incluso impulsará una reforma constitucional para que “prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales”.

La empresa española Iberdrola no iniciará nuevos proyectos en México si continúa esta política prohibicionista del gobierno de Andrés Manuel López Obradorr.

“No nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos”, dijo López Obrador. “El Ejecutivo debe estar al servicio público, y del pueblo, no de grandes corporaciones”, manifestó.

El presidente como López Obrador desdeña la iniciativa privada nacional y extranjera, tiene el poder y control para reformar la Constitución a su modo y antojo, así como no entiende las consecuencias legales, económicas y financieras de decisiones arbitrarias y fuera de todo contexto. Esos  son los ingredientes de la receta para preparar una “sopa de dictadura con democracia molida”. Lo único que le falta es consolidar un triunfo electoral en las legislaturas y gobernadores en 2021.

Estas cartas son de interés público y relevancia, porque provienen de abogados y senadores de Estados Unidos y hacen eco internacional, así como ponen a México como una apuesta de alto riesgo para invertir. Todo justo cuando más se necesita impulsar nuestra economía ante la grave crisis financiera. 

¿Cuánto más podrá estirar la liga AMLO? Me parece que apenas estamos viendo la punta del iceberg.

No debemos depender ni confiar en que Estados Unidos detendrá el proceso destructivo ni será la Fiscalía de Brooklyn la que juzgará a los capos del narcotráfico y servidores públicos corruptos. Esa debe ser nuestra tarea y los norteamericanos solo velan por sus intereses. 

Depende de nosotros, los mexicanos, impedir que el presidente siga dirigiendo esta marcha fúnebre en la que se están tomando medidas para fabricar los ataúdes de la economía, la Constitución, la salud y el desarrollo social.

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