Evo Morales volverá a Bolivia, luego de que se desvanecieron los cargos en su contra

El Tribunal Departamental de Justicia de Bolivia anuló la orden de detención contra el expresidente Evo Morales por cargos de terrorismo una semana después de la elección de su delfín Luis Arce como nuevo presidente, informó el juez Jorge Quino.

La orden de arresto contra el exmandatario exiliado, primero en México y luego en Argentina, fue invalidada porque “se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente”, dijo el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Bolivia al canal Unitel.

Morales estaba citado a una audiencia este martes 27 de octubre. Sin embargo, la defensa alegó que el expresidente no recibió ningún citatorio ni notificación, que se habría hecho por edictos, acción que se realiza cuando no se conoce el domicilio del acusado y el mismo estaría dentro del país.

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La denuncia contra Morales fue presentada por el ministro del Interior del gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, días después del golpe de Estado en su contra, que forzó su salida de la Presidencia y del país.

La Fiscalía General de Bolivia había acusado a Morales el 6 de julio por presuntos delitos de terrorismo y su financiamiento y solicitó nuevamente su detención preventiva.

Había otra orden de arresto por sedición y terrorismo contra Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, que se emitió en en diciembre luego de que renunciara a la presidencia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social y acusaciones de fraude electoral.

El exmandatario indígena y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), habían rechazado todos los cargos y afirmaron que tenían motivaciones políticas. 

La fiscalía había abierto además otra causa a Morales por supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019, en las que ganó la reelección a un cuarto mandato pero luego fueron anuladas tras denuncias de irregularidades.

Además, a principios de año la fiscalía buscó que la Interpol emitiera una orden de arresto internacional contra Morales pero el organismo lo rechazó por considerar que había una motivación política detrás de la iniciativa.

Morales fue blanco de numerosas acusaciones del gobierno derechista transitorio de Jeanine Áñez a lo largo de la campaña hacia las elecciones del 18 de octubre, que ganó Arce, su exministro de Finanzas y artífice del “milagro económico” de los 14 años de su mandato y que asumirá como presidente el próximo 9 de noviembre.

El 4 de septiembre de 2020, el gobierno de Bolivia contactó a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para denunciar a Evo Morales por supuestos crímenes de “lesa humanidad” por los bloqueos de rutas de agosto.

La acción pareció ser meramente simbólica y en busca de réditos electorales, pues un Estado puede pedir a la CPI que examine si es procedente que intervenga en determinado caso, pero la Corte lo hace solo cuando ha fracasado el sistema penal nacional.

La fiscalía boliviana había dicho que investigaría los bloqueos, pero nunca informó de avances.

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