Juan Carlos I se va de España agobiado por las acusaciones de corrupción

Objeto de una investigación del Tribunal Supremo por corrupción y ante la presión política-social de la sociedad española, debido a los fuertes señalamientos en contra del rey emérito Juan Carlos I, tomó la decisión de dejar España con la finalidad de no afectar más a la monarquía que hoy encabeza su hijo Felipe VI.

“Majestad, querido Felipe, con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada (…) te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España”, escribió el soberano emérito citado en un comunicado de la Casa Real, donde el rey Felipe VI acepta y le agradece su decisión.

“He sido rey de España durante casi 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona”, asegura Juan Carlos de Borbón.

Añade asimismo que pretende facilitar el ejercicio de las funciones de Felipe VI “desde la tranquilidad y el sosiego que requiere -subraya- tu alta responsabilidad”.

“Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen”, añade en la carta. El comunicado señala que Felipe VI ha transmitido a su padre “su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”.

“El rey –dice el texto– desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”.

La decisión se anuncia tras intensos rumores de que una decisión similar sería inminente, el comunicado llegó en la tarde de este lunes.

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Finalmente, Juan Carlos I no perderá el título honorífico de rey, que le fue concedido por un real decreto de junio de 2014, pocos días antes de su abdicación.

El padre del rey Felipe VI se había mostrado contrario a renunciar voluntariamente a este título, que no conlleva ningún privilegio asociado, y su hijo no ha querido privarlo de él contra su voluntad como hizo con su hermana Cristina, a raíz del caso Iñaki Urdangarin.

Los escándalos protagonizados por el que fuera jefe del Estado durante casi cuatro décadas han vuelto a poner de nuevo a Felipe VI en la tesitura de elegir ser Rey antes que hermano o hijo. Ya despojó del título de duques a su hermana Cristina y su esposo Urdangarin por su implicación en el caso Nóos, y ahora traza un nuevo cortafuego asumiendo el traslado fuera de España de su padre.

El goteo de informaciones sobre la fundación panameña del rey Juan Carlos – el diario El Confidencial publicó el acta que lo incriminaba directamente en la gestión de esa estructura ‘offshore’– y los movimientos de dinero desde la cuenta en Suiza en la que ocultaba el regalo de 65 millones de euros de Arabia Saudita terminaron con una decisión que no tiene ningún precedente.

Justo hace cuatro meses Zarzuela emitió un contundente comunicado coincidiendo con las primeras revelaciones que hizo el diario británico The Telegraph sobre la investigación en Suiza en el que Felipe VI advertía que renunciaba a cualquier herencia a la que tuviera derecho en el futuro por las actividades ilícitas de su padre.

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Además, el monarca le quitó la asignación pública que corresponde al rey emérito en los Presupuestos Generales del Estado. En ese momento la interpretación fue clara: era todo lo que podía hacer.

En las últimas semanas la situación ya era desbordante. El Confidencial publicó los movimientos continuos que Juan Carlos I llevó a cabo entre 2008 y 2012 para gastos personales. Una media de unos 100 mil euros al mes en billetes (2.654.873,92 pesos mexicanos).

Algunos meses las sumas eran muy superiores. El dinero entraba en billetes por el aeropuerto de Barajas, en vuelos regulares y sorteando los controles oficiales, de la mano de su abogado, Dante Canonica.

De hecho, en los últimas semanas el propio gobierno fue incrementando la presión sobre la Casa Real para que tomara una determinación cuanto antes. Desde la vicepresidenta, Carmen Calvo, hasta la portavoz, María Jesús Montero, aseguraron “celebrar” las medidas “futuras” que el monarca pudiera tomar.

El Ejecutivo –la parte socialista, en realidad— insistió en defender la figura de Felipe VI y dejar claro que su papel estaba completamente apartado de la conducta de su padre.

En realidad fue el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien por primera vez reconoció que las noticias conocidas eran “inquietantes y perturbadoras”, y agradecía que don Felipe hubiera optado por marcar “distancias”.