Baja California
Ven una lluvia de amparos en contra de la ley antifacturera en Baja California
El Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana dice que la ley contra facturas de empresas fantasma castiga y después investiga
TIJUANA, Baja California.- Los negocios en Baja California se verían afectados con la aplicación de la ley contra la defraudación fiscal, por lo que se espera se interpogan una serie de amparos por parte de las cámaras u organismos relacionados con el comercio, sostuvo el especialista en derecho penal, Álvaro González.
El abogado argumentó que esta ley representa un retroceso, ya que la primera acción por parte de las autoridades es detener a la persona involucrada y después investigar sobre los errores en la facturación.
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“Hay que estar muy atentos a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), porque será muy probable que la Coparmex o Canaco vayan a interponer alguna acción de inconstitucionalidad o algún otro recurso para enfrentar esta Ley”, declaró.
La Ley desde un punto de vista jurídico va en contra de los principios, que dicta el sistema penal acusatorio, en donde la excepción era la cárcel y no la regla, comentó.
“Es primero te detengo y luego te investigo. Si se compara con la Ley General de Salud sería más penado comprar una factura falsa, que comprar droga”
Álvaro González, abogado especialista en derecho penal
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El representante legal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana, Adolfo Solís Farías explicó que las medidas de recaudación desalientan la economía.
“Las principales malversaciones que existen gubernamentalmente se hacen también con compra-venta de facturas. Entonces, presionas al sector empresarial, cuando se debe cerrar una brecha en el sector gubernamental, que sea piso parejo para todos”, explicó el empresario.
La ley contra la defraudación fiscal entrará en vigor el 1 de enero del próximo año. Establece que una vez ejecutada la acción de investigación a los ciudadanos acusados por compra de facturas falsas o defraudación fiscal, se les aplicará prisión preventiva y el delito será considerado como delincuencia organizada.
“Como abogado puedo admitir que es un poco terrorista esta situación, ya que está castigando la venta y compra de facturas, y ya no existen las compras de buena fe”, expresó Álvaro González.
La legislación implica que el simple señalamiento o sospecha puede abrir una investigación e iniciar un estado procesal, durante el estado procesal que la defensa sostiene ante un juez la ausencia de dolo o alguna excluyente del delito, comentó González.
El abogado en derecho penal dijo que las autoridades deben combatir la defraudación fiscal, así como la compra y venta de facturas falsas.
“No es sólo una sanción administrativa la que se aplicará como antes, cuando simplemente no deducían la factura presentada, sino ahora se abrirá una capeta de investigación para llevar ante un juez de control y poder estar tras las rejas mientras se investiga si se es culpable o no”, señaló.
Por ello es importante saber que Ley es concurrente con la extinción de dominio, así como las medianas o grandes empresas son sus principales objetivos y aquellos que no están tributando de manera correcta o muestren facturas de procedencia dudosa, agregó Álvaro González.
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