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Incorruptibles

Estados Unidos investigó la compra de inmuebles con dinero de la corrupción política mexicana

Ambos países se comprometieron a actualizar estudios de bienes raíces para identificar casos de corrupción política

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Hace dos años, los gobiernos de México y Estados Unidos realizaron un trabajo conjunto para identificar a personas que bajo actos de corrupción política o recursos de procedencia ilícita se beneficiaron con inmuebles en territorio estadounidense.

Lo anterior, como parte de la Segunda Reunión Binacional del Subgrupo sobre Lavado de Dinero y Delitos Financieros en la que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) presentaron los avances en esas materias.

De acuerdo con la matriz de acuerdos de Subgrupo, que se reunió el 11 de febrero y el 10 de junio de 2020 en el marco del Grupo de Alto Nivel en Seguridad (GANSEG) entre México y Estados Unidos, la idea primordial era la de trabajar de manera conjunta y lograr objetivos y resultados óptimos de alto interés e impacto en ambos lados de la frontera.

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En documentos catalogados como confidenciales extraídos por el grupo Guacamaya, cuya copia posee Cobertura 360, el gobierno federal detalla que en el búnker de la División de Inteligencia de la Guardia Nacional (GN) se llevó a cabo la segunda reunión binacional de dicho Subgrupo, presidida por el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

En ese encuentro, además de Santiago Nieto, a cargo de la coordinación del Subgrupo, también estuvieron el secretario general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y secretario técnico del GANSEG, Francisco Acuña, quienes recibieron a la delegación estadounidense encabezada por el subsecretario del Departamento del Tesoro norteamericano, Marshall Billingslea.

Como parte de esos acuerdos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se comprometió a actualizar los estudios sobre bienes raíces en ese país, producto de corrupción política, a los cuales, la UIF por su parte, aseguró que daría retroalimentación de la información y realizaría un estudio de este fenómeno en México.

Asimismo, el Departamento de Transporte acordó proporcionar mayor información sobre el proyecto de pasaportes específicos relacionados con la adquisición de bienes raíces, con el propósito de fijar una postura en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La corrupción política es la manipulación de políticas, instituciones y reglas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de la toma de decisiones políticas, quienes incurren en un abuso de su posición para mantener poder, estatus y riqueza.

Para la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hay diversas formas de corrupción y admite la posibilidad de que puedan surgir otras, como los sobornos de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, y de organizaciones públicas internacionales.

Otros delitos considerados como corrupción política son la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno en el sector privado, encubrimiento, blanqueo del producto del delito, obstrucción de la justicia, responsabilidad de las personas jurídicas, así como participación y tentativa.

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En noviembre de 2020, Santiago Nieto dijo en un congreso virtual de Compliance, organizado por Thomson Reuters, que si bien el lavado de dinero en México tiene que ver con actividad criminal, también está relacionada con la corrupción de funcionarios públicos.

Aseguró que existen grupos delictivos dentro de la organización política que saquean el erario a partir de actos de peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho, y que ejemplos de ello son la llamada Estafa Maestra u Odebrecht, casos en los que los funcionarios extrajeron dinero público con lo que se hacen de manera ilegal de bienes inmuebles en países como Estados Unidos o España.

De acuerdo con Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington, Javier Duarte, Genaro García Luna, Tomás Yarrington, José Murat Casan y su hijo, Alejandro Murat, adquirieron bienes en Estados Unidos con recursos de dudosa procedencia.

En el informe Acres de Lavado de Dinero: ¿Por qué las inmobiliarias estadunidenses son el suelo de la Cleptocracia?, detalla que estos personajes mexicanos son Javier Duarte, exgobernador de Veracruz; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón; José Murat Casan, exgobernador de Oaxaca; Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, y Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador de Oaxaca.

Todos, excepto este último, están en prisión en México y Estados Unidos, por distintos delitos.

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