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Hay impedimentos legales que acechan la operación de una línea aérea a cargo del gobierno federal: Santamarina y Steta

Considera urgente atender problemas apremiantes y estratégicos antes de pensar en una línea aérea

Published

hace 2 años

octubre 10, 2022

La operación de una línea aérea por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta retos legales considerables, aunado a que primero debería atender problemas como la seguridad y la conectividad, incluso cuando se reclaman recursos públicos para salud y educación, expuso Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santamarina y Steta.

“La posibilidad de destinar recursos públicos a la creación y operación de una línea aérea del Estado va a enfrentar retos legales importantes, además de presentar serios cuestionamientos en un sector por demás golpeado los últimos años”, dijo el experto en derecho aeronáutico y aeroportuario.

Sostuvo que después de los factores internos y externos que han golpeado fuertemente al sector de la aviación, el simple anuncio de que el gobierno federal pueda operar una línea aérea por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) despierta cuestionamientos de cara a los retos y prioridades que enfrenta el sector.

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“La pandemia presentó el reto más importante en la historia de la aviación comercial; cuando las operaciones comienzan a normalizarse a nivel global nuestra industria continúa cargando con factores endógenos que no terminan de resolverse, incluyendo la degradación a Categoría 2 impuesta por la FAA y la reconfiguración del espacio aéreo y la infraestructura aeroportuaria del Valle de México”, refirió.

Juan Carlos Machorro consideró prioritario, después de 16 meses de degradación a Categoría 2, revertir esta situación que afecta a la industria en su conjunto.

“Se requiere inyectar recursos presupuestales, humanos y tecnológicos al sector regulador de la aviación y revertir ya esta situación de Degradación a Categoría 2 antes de pensar en nuevos aeródromos, museos, hoteles o nuevas aerolíneas a operarse por el gobierno federal; es un tema que afecta a usuarios del servicio de transporte aéreo, aerolíneas y aeropuertos”, abundó.

El especialista de la firma legal recordó que más de una tercera parte de esta administración hemos estado degradados en Categoría 2, lo cual es “algo nunca visto” en la historia de la aviación mexicana.

Recordó que la última ocasión que esto ocurrió, que fue durante la administración del presidente Felipe Calderón, a ese gobierno le tomó sólo cuatro meses revertir la situación aérea.

Afirmó que la degradación sigue golpeando fuertemente las finanzas y los planes operativos y comerciales de las líneas aéreas mexicanas que compiten en desventaja con las norteamericanas, al verse imposibilitadas de sumar nuevas rutas hacia Estados Unidos.

Asimismo, están limitadas de añadir frecuencias a las rutas aéreas existentes, y de incorporar nuevas aeronaves a las rutas operadas a dicho territorio, aunado a que existe el tema de verse obligadas a dividir operaciones en dos o hasta tres aeropuertos en el centro del país.

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En este último punto, Machorro opinó que el tema aeroportuario en el centro del país es otro que no acaba de resolverse, “a partir de la cancelación del proyecto del NAICM en Texcoco, el sector aeroportuario del Valle de México transita días aciagos, con un impacto innegable en los planes operativos y comerciales de las líneas aéreas mexicanas que no puede soslayarse.

Indicó que la pretendida operación conjunta de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y Felipe Ángeles, apoyados por el de Toluca, permanece como una ecuación que sencillamente no termina de funcionar sin existir claridad de una solución en el corto, mediano o largo plazo.

Enfatizó que el tema de la nueva línea aérea operada por la Sedena no está exento de retos legales y regulatorios, pues la regulación internacional exige una clara separación entre operaciones de aviación civil y de aviación militar.

Asimismo, abundó, en la legislación mexicana existe además la imposibilidad de que un grupo que controla un aeropuerto participe en el capital de una línea aérea y viceversa.

“No menos importante es recordar que las Fuerzas Armadas cuentan con una normativa especial en materia de procura de bienes y servicios cuando aquellas realizan actividades estratégicas de seguridad nacional que nada tienen que ver con la operación de una línea aérea comercial”, anotó.

El especialista de Santamarina y Steta puntualizó que bajo esas circunstancias, es preciso preguntarnos si verdaderamente es sensato pensar en una nueva línea aérea operada por el gobierno mexicano, cuando la realidad nacional reclama recursos públicos de manera urgente en temas de seguridad, salud y educación.