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Incorruptibles

Los inmuebles históricos en Puebla dañados por los sismos de 2017 se derrumban ante la opacidad

Se presumen irregularidades presuntamente cometidas en el programa de restauración del patrimonio

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PUEBLA, Puebla. Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 cimbraron a Puebla y la opacidad en el manejo de los recursos económicos y financieros mantienen en el abandono y los escombros a la mayoría de los 621 inmuebles históricos que resultaron dañados.

A esto se suman las acusaciones de corrupción en la operación del programa de reconstrucción que han surgido desde el interior del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Puebla.

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Hasta 2021, la Federación había destinado a Puebla poco más de cuatro mil 821 millones 380 mil 422 pesos para la reconstrucción de inmuebles históricos, escuelas, viviendas, hospitales y templos religiosos afectados por el sismo del 19 septiembre del 2017, según cifras dadas a conocer por el gobierno federal.

Sin embargo, de acuerdo con la página electrónica: Datos Puebla, la Comisión Estatal para la Reconstrucción, que es la comisión encargada de coordinar las acciones para la reconstrucción de la entidad poblana, desde el 2018 no actualiza información sobre los templos en proceso y terminados. Asimismo, se observa que los informes carecen de montos y fuentes de financiamiento.

Lo mismo sucede en el rubro de avance de reconstrucción de viviendas con daño total por municipio, así como en el resto de los apartados, por lo que se observa opacidad en la información sobre cómo se han utilizado los recursos para la reconstrucción de los inmuebles en el estado, toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública.

En entrevista para este medio, el director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), Juan José Hernández López, señaló que, de acuerdo con información solicitada por el observatorio ciudadano con corte al mes de septiembre 2021, de los 621 inmuebles históricos afectados, solo 351 transparentaron su monto y su fuente de financiamiento que suma un total de 1 mil 599 millones 297 mil 850.30 pesos, mientras que el resto están en la opacidad.

Indicó que de los inmuebles que no han sido transparentados, la mayor parte son financiados a través del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual desapareció pero que ahora ese recurso es aportando de manera directa.

“Casualmente, todo lo que se refiere al monto autorizado te dicen que está en proceso, por lo que resulta opaco que se tenga esa situación sin transparentar, por lo que se puede presumir que muy probablemente parte de ese recurso que se iba a destinar para la reconstrucción de los inmuebles históricos, a lo mejor se está utilizando para otras acciones, otras obras u otra situación, no lo podemos comprobar, pero es una hipótesis”, puntualizó.

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Ante la falta de información sobre el proceso de reconstrucción de viviendas, patrimonio histórico edificado, infraestructura urbana, administrativa y carretera, que involucró miles de millones de pesos para los estados de la República más afectados, la asociación civil sin fines de lucro Puebla contra la Corrupción y la Impunidad inició en el mes de febrero de 2020 una investigación sobre lo ocurrido, en particular sobre los cientos de templos reconocidos como patrimonio histórico que resultaron severamente dañados aquel 19 de septiembre.

La organización detalla que a la incongruencia en los números oficiales, las contradicciones en la fuente de los recursos y la confusión entre montos aprobados, autorizados y realmente aplicados, se suman acusaciones sobre enriquecimiento ilícito, abuso en el ejercicio de funciones, cohecho, tráfico de influencias y un buen número más de responsabilidades administrativas que obligan a una respuesta inmediata y estricta de los órganos de control del gobierno federal.

La investigación de la asociación civil destaca que este proceso, es complejo en sí mismo por el hecho de que son al menos tres las fuentes de financiamiento involucradas (Fonden, Seguro Banorte y, a partir del 2019, el programa de reconstrucción a cargo de la Sedatu), tiene en la falta de transparencia su problema de origen.

Además, documentos obtenidos por Puebla contra la Corrupción y la Impunidad generan interrogantes sobre el uso y destino de cuatro mil 223.9 millones de pesos y cientos de templos afectados sin reconstruir.

El 15 de junio de 2020 se hizo pública la crisis en el interior del Centro INAH Puebla con la destitución del delegado, el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, y su sustitución por arquitecto Manuel Villarruel Vázquez, nombrado por el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, cuyo cargo fue formalizado el martes 16.

En un acto insólito, el exdelegado regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Ambrosio Guzmán Álvarez, encaró en un acto oficial al director general Diego Prieto Hernández para desmentirlo sobre los motivos de su renuncia.

Al dar posesión al nuevo delegado, Manuel Villarruel Vázquez, Prieto señaló haber aceptado la dimisión de Guzmán, pero éste dijo públicamente que lo hizo forzado luego de denunciar corrupción e irregularidades en el instituto, presuntamente cometidos en el programa de restauración del patrimonio dañado por los sismos de 2017.

Tales denuncias, explicó, fueron enlistadas en una misiva dirigida a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural.

En la reunión en el auditorio “Efraín Castro Morales”, Guzmán sorprendió al auditorio al leer un escrito donde asentaba que no firmaría la renuncia debido a presiones para hacerlo: “Señor director, hago uso de la palabra para manifestarle mi profundo desacuerdo por las decisiones que usted ha tomado en relación a un documento que envié a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller con fechas anteriores, en el que expreso algunas actividades que desde mi perspectiva parecen irregularidades y solicito a las instancias encargadas se realice una profunda investigación”.

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No obstante, para la organización Puebla contra la Corrupción y la Impunidad las declaraciones del nuevo titular Villarruel Vázquez dejan claro que para la dependencia se trata simplemente de un “borrón y cuenta nueva”.

“Seguiremos impulsando estas acciones que merecen todo nuestro apoyo e interés, es un gran orgullo, llego para trabajar y me siento muy honrado. Creo en el trabajo honesto, en el esfuerzo y en el trabajo interdisciplinario. Me comprometo a reforzar los esfuerzos institucionales referentes a la restauración, rehabilitación, readecuación y conservación de los monumentos históricos y bienes muebles afectados por los sismos de 2017. El daño fue mayúsculo, por lo cual este patrimonio ha tenido que recorrer un largo camino que ha implicado complejos procesos de evaluación, análisis y elaboración de proyectos, los cuales requieren de la participación especializada de diversas disciplinas científicas, para que la restauración sea integral y para estar mejor preparados para futuros eventos naturales que, con certeza, seguirán sucediendo en el país”, expresó Villarruel Vázquez en su momento.

De acuerdo con la investigación de Puebla contra la Corrupción el hecho, confuso en sí mismo, fue provocado por las irregularidades y denuncias de corrupción en las obras de reconstrucción del patrimonio histórico dañado, cuyos proyectos y administración son responsabilidad de la dependencia.

Sin embargo, estas acusaciones del exfuncionario no les han correspondido denuncias concretas ante la contraloría y/o el ministerio público.

Según el informe del INAH, publicado el año pasado, un total de 94 inmuebles pertenecientes al patrimonio histórico y arqueológico dañado por los sismos de septiembre de 2017 en el estado poblano aún se encuentran en espera de atenderse.

En conjunto con la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC), también dio a conocer que continúa el programa de restauración, aunque existe un avance cercano al 60 por ciento del total de edificios afectados.

Para 2023, Puebla, al lado de Oaxaca y Ciudad de México, “concentrarán los esfuerzos” del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para ver reconstituido, en su totalidad, el patrimonio cultural afectado por los sismos de 2017, informó el director general del INAH, Diego Prieto Hernández.

Silvia Campos | El Sol de Puebla

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