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Seguridad

Hay incertidumbre por la falta de viviendas entre los desplazados por el narcotráfico en Mazatlán

Las familias desplazadas salieron a protestar en Mazatlán lo que orilló al gobernador a pedirles tranquilizarse y confiar en él.

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La incertidumbre de los desplazados por el narcotráfico en Mazatlán (Sinaloa)

MAZATLÁN, Sinaloa.- Litzy Adriana murió el día en que cumplió 17 años de edad. Aquel 1 de mayo fue la fecha en que perdió la batalla contra un cáncer de piel que padecía y que pudo ser tratado pero nunca llegaron los apoyos gubernamentales tan prometidos. Falleció en la pequeña choza de madera y pedazos de lámina construida por sus padres en el predio contiguo al fraccionamiento CVive, a las afueras de Mazatlán.

En 2017 esta adolescente junto a su familia tuvo que abandonar su casa en la sierra de Concordia debido a la violencia del narcotráfico que les arrebató su hábitat. Desde entonces comenzaron a buscar un lugar donde vivir; se acomodaron en un predio comprado por la administración de Quirino Ordaz Coppel para construir casas para familias desplazadas por la violencia.

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Frente a la lentitud del programa de construcción de vivienda para las víctimas del desplazamiento forzado, la familia de Litzy Adriana levantó la casita en condiciones precarias donde murió hace tres meses ante la indolencia oficial y el discurso del gobernador Rubén Rocha Moya donde decía que su administración velaría por las víctimas de este delito.

Los padres de Litzy Adriana cuentan que en campaña Rocha Moya los visitó, se tomó la foto con ellos, pero después nunca regresó nadie a apoyarlos con medicamentos o ayudas médicas para el tratamiento del melanoma avanzado que le habían diagnosticado.

Hoy a poco más de tres meses de la partida de Lizty, su familia sobrevive ante la desidia de la administración estatal, donde María Inés Pérez Corral secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), ha implementado una “política de entregar despensas en favor de Morena”, pero no de resolver necesidades básicas pese a que está autorizado el presupuesto para 2022.

Desluce bandera de Rocha

En campaña Rocha Moya escogió dos banderas: las familias de personas desaparecidas y los desplazados. Con ellas se reunió el 2 de noviembre, el segundo día de su mandato. El Congreso aumentó de 40 a 60 millones el fondo de apoyo para las familias, pero hasta el reporte del 30 de junio pasado, no se había ejercido ni un solo centavo de este presupuesto y el año ya está en su octavo mes.

Documentos obtenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia, tanto de la SEBIDES como en la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, indican que el recurso sigue sin aplicarse para paliar la urgencia de las familias.

“En el presente periodo (de enero al 30 de junio de 2022), la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, no ha ejercido el recurso, ni se ha ministrado por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, motivo por el cual no hay participantes/beneficiarios, ni montos otorgados a los beneficiarios”, se lee en la información proporcionada por SEBIDES.

No ejercer el fondo de apoyo es un problema que también tuvo la administración de Quirino Ordaz Coppel, aunque en su último año (2021) consiguió entregar casas de interés social en Mazatlán (fraccionamiento CVive), en Choix y lotes sin edificar en Guamúchil.

En cambio con Rocha la SEBIDES con Ruth Díaz Gurría al frente, pidió a la Universidad Autónoma de Occidente un censo “para identificar a una persona en situación de desplazamiento forzado”, pero en un rastreo de las bases de datos de Transparencia, no se localizó más que un documento Excel vacío.

Los números han variado. Por ejemplo, en 2021 se difundió un censo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social donde Sinaloa tenía 2 mil 501 familias que perdieron su hogar sobre todo en la sierra y sobre éste se trabajó en la administración de Quirino, pues era el número de viviendas programadas.

En 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó en su Recomendación 39/2017 un total de 2 mil 38 víctimas de este delito provenientes de municipios de Choix, Sinaloa de Leyva, no incluyó Badiraguato, Concordia y Rosario.

Otro reporte de la CNDH habla que la cifra desde 2012 al 2017, ascendía a 4 mil 714 personas en situación de desplazamiento. ONGs como la Comisión de Defensa de Derechos Humanos que encabeza Óscar Loza Ochoa, señala que en el lapso de una década, más de 34 mil personas han sufrido desplazamiento forzado.

Sobre los nuevos predios, los documentos localizados por El Sol de Sinaloa en SEBIDES confirman que en Mazatlán, en la zona de Rincón de Urías, se compró un terreno que costó 5 millones 199 mil 561.18 pesos, pero existen otros 6 predios entre el puerto y Culiacán en los que sólo existe un contrato de promesa de compraventa.

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Supermán contraataca

El 18 de junio pasado familias desplazadas salieron a protestar en Mazatlán lo que orilló al gobernador a pedirles tranquilizarse y confiar en él. Entonces soltó esta frase: “Mis queridos desplazados, no somos Supermán”.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, representante del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), si Quirino les quedó a deber la administración de Rocha también se ha visto envuelta en dilaciones sin cuento.

“En la administración fueron adquiridos terrenos por Quirino Ordaz, sin embargo al llegar Rocha, se le solicitó la compra de un terreno extra de 6 hectáreas para incluir a 300 familias más, pues en total en la zona sur hay alrededor de mil 500 víctimas, pero este terreno, no ha sido adquirido aún”, dice.

Esto contrasta con la declaración de junio pasado del gobernador quien aseguró que se compró el predio con 99 lotes. Gutiérrez Sánchez explica que en los terrenos ya existentes se han introducido servicios como agua potable y drenaje.

“El Gobierno del Estado debe atender los servicios existentes como lo son: educación, salud y alimentación y no lo ha hecho hasta ahora, todavía hay una cuenta pendiente con los desplazados”.

Por otro lado, sobre María Inés Pérez Corral, quien sustituyó a Ruth Díaz desde mayo pasado en que renunció a SEBIDES, el luchador social acusa que no ha gestionado nada.

“María Inés no ha movido recursos para la compra de terrenos, la construcción de viviendas o para acercar los servicios de atención como educación o salud a las víctimas”, puntualiza. La funcionaria se ha dedicado a promover a Morena con la entrega de despensa en predios donde se ubican los desplazados, dice.

“María Inés es una mujer que se dedica a otras cosas menos a los desplazados, anda involucrada en el proceso electoral de Morena, los desplazados no le interesan, al menos en la zona sur no los ha atendido, lo que hace es buscar “mejorales” para mediatizarlos, como fue en el caso de Rosario donde entregó despensas a una diputada y está hizo mal uso de ellas”, explica.

Parálisis gubernamental

De Mazatlán a Culiacán, Guamúchil o Guasave, madres y padres de familia se han visto obligados a levantar casitas de cartón y hule. Para sobrevivir, algunos se emplean como “chalanes” de albañil y otras como trabajadoras domésticas, su salario apenas alcanza para pagar servicios básicos, agua, luz, transporte y comida.

En un recorrido realizado por El Sol de Sinaloa por las viviendas ubicadas en Juntas de Humaya, algunos desplazados indicaron que desconocen si se han gestionado apoyos. A ellos, no les ha llegado nada.

Esta parálisis retrata de cuerpo entero a una burocracia ineficaz. Vía solicitud de transparencia, sólo fue posible ubicar una Acta de Sesión del Consejo Consultivo de CVIVE y SEBIDES, fechada el 23 de febrero pasado, cuando Díaz Gurría era la titular todavía.

Ahí se habló de propuestas a desarrollar en favor de los desplazados, sin embargo no se fijó nada en concreto. Lo que sí existen son las Reglas de Operación para gestionar el Fondo para víctimas de desplazamiento, están en vigor desde el 1 de marzo, pero sin el ejercicio presupuestal, todo sigue en “letra muerta”.

El 18 de junio, cuando los desplazados salieron a protestar en Mazatlán, María Inés Pérez confirmó que no se ha realizado el famoso censo de desplazados, que todavía sigue en curso en la UAdeO. Aseguró que Rocha ha entregado 153 títulos de propiedad a desplazados en Guamúchil y se trabaja en las plataformas de algunos terrenos.

“En esta última intersecretarial se fueron más equilibrados porque ya se empezaron a trabajar en casi todo el estado. Ya las máquinas andan haciendo plataformas, ya se hicieron algunos estudios hidrológicos, entonces, ya hubo más resultados, desde que el gobernador entró se han dado 153 escrituras en Guamúchil”, declaró.

Empero, no fue posible documentar estas afirmaciones, a pesar de que por Ley la SEBIDES está obligada a aportar evidencias de los avances y resultados por áreas.

Predios en prospecto de compra – venta

Zona sur

Buenos Aires, Mazatlán

  • Ejercicio: Asignación de lotes para desplazados.
  • Valor catastral: 29, 072, 554.07
  • Contrato: Compra/Venta

Chicura Mazatlán

  • Ejercicio: Asignación de lotes para desplazados.
  • Valor catastral: 8, 468, 894.76
  • Contrato: Compra/Venta.

El Castillo, Mazatlán

  • Ejercicio: Asignación de lotes para desplazados.
  • Valor catastral: 9, 716, 266.66
  • Contrato: Compra/Venta.

Rincón de Urías, Mazatlán

  • Ejercicio: Asignación de lotes para desplazados.
  • Valor catastral: 5, 199, 561.18
  • Contrato: Compra/Venta.
  • Zona Centro

Costa Rica, Culiacán

  • Ejercicio: Asignación de lotes para desplazados.
  • Valor catastral: 3, 553.680.20
  • Contrato: Compra/Venta.

La Higuerita, Culiacán

  • Ejercicio: Asignación de lotes para desplazados.
  • Valor catastral: 7, 601.695.53
  • Contrato: Compra/Venta.

La Pitayita, Culiacán

  • Ejercicio: Asignación de lotes para desplazados.
  • Valor catastral: 33, 033, 593.61
  • Contrato: Compra/Venta.

Nallely Casillas | El Sol de Sinaloa

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