México perdió 247 toneladas de varilla radiactiva

Un total de 247 toneladas de varilla radiactiva se extraviaron en 16 entidades del país debido al accidente de Cobalto 60 ocurrido hace 38 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el cual unas cuatro mil personas habrían estado expuestas al contaminante.

Lo anterior, de acuerdo con un informe del gobierno mexicano que quedó bajo reserva durante casi cuatro décadas y que liberó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El accidente inició con el desmantelamiento de una unidad de terapia contra el cáncer para convertirlo en chatarra en aquella localidad en noviembre de 1983.

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A la fecha se desconoce el impacto en la salud de las personas que aún viven en casas construidas con la varilla contaminada, así como los conductores de camiones de transporte de carga fabricados con el mismo material.

En su momento, el gobierno planteó que las personas expuestas en esas viviendas tenían “una probabilidad ligeramente mayor que la población en general de desarrollar neoplasias malignas (cáncer) y defectos genéticos en células reproductoras”.

Aunque minimizó el hecho alegando que la frecuencia esperada era “despreciable (menor a uno por ciento) e indetectable en estudios epidemiológicos”.

La falta de regulación y supervisión de los desechos radiactivos en México provocó que los restos fueran vendidos como hierro de desecho a cuatro empresas fundidoras que convirtieron el desperdicio contaminado en seis mil 608 toneladas de varilla que más tarde sirvieron, entre otros propósitos, para construir 17 mil 600 casas y otras edificaciones.

También se hicieron tres mil bases para mesas y el material adicional sirvió para obtener 169 toneladas de laminados que se utilizaron en la construcción de camiones de carga. Todo ello se distribuyó en nuestro país, pero también en Estados Unidos.

El documento liberado por la Secretaría de Energía (Sener), que se alberga en la plataforma de transparencia de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, “describe los sucesos, consecuencias y acciones de mitigación del accidente por contaminación con Co-60 (Cobalto 60), ocurrido en Ciudad Juárez en 1984”.

En 68 cuartillas se detallan las acciones del gobierno del expresidente Miguel de la Madrid para hacer frente “a las circunstancias que propiciaron el accidente” y una parte técnica sobre ese proceso.

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Describe que la unidad de teleterapia del Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez fue adquirida en la compañía Picker, de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, el 25 de noviembre de 1977. El equipo tenía una fuente de Cobalto 60 con una actividad de 1003 CI; las autoridades en nuestro país otorgaron el permiso de importación 4676.

De manera oficial se reconoce que para la importación el hospital requería un permiso del entonces Instituto Nacional de Energía Nuclear, pero “nunca fue avisado de la intención de adquirir la unidad y por ende jamás extendió la autorización necesaria para la importación”. Tampoco realizó “la vigilancia ni la supervisión en el uso de la unidad”.

En la calle de Ignacio Zaragoza, en Juárez, permaneció el equipo sin usar debido a que tampoco se encontró a una persona que supiera manejarlo.

En los primeros días de diciembre de 1983 Vicente Sotelo Alardín, un técnico de mantenimiento del hospital obtuvo autorización de los propietarios para desmantelar el cabezal de la unidad y extraer cada una de las partes para “vender como chatarra dichas partes”.

Después de llevarlas al depósito Yonke Fénix, ubicado en la calle de Aldama, en Ciudad Juárez, las piezas se vendieron a diferentes fundidoras. Mientras su camioneta permaneció estacionada 40 días, los residuos contaminantes se transformaron en varias bases para mesas y autopartes.

El 16 de enero de 1984, un camión que circulaba por Nuevo México y transportaba parte de la varilla radiactiva, fue detectado por el Laboratorio Nacional de detección radiactiva en El Álamo y fue así que dos días después, con fotografías en mano, el Departamento de Salud del estado de Texas notificó al Gobierno de nuestro país sobre la alerta.

Alrededor de las 21:00 horas del 26 de enero se detectó el lugar de donde provenía la contaminación que había llegado para entonces a 17 estados de México y también a Estados Unidos. En ese momento ya se habían producido seis mil 600 toneladas de varilla y tres mil bases para mesas.

Fueron Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur y Aguascalientes en donde la varilla llegó a 17 mil 635 construcciones que fueron visitadas por las autoridades en ese año.

“Se encontraron mil 276 edificaciones con niveles de radiaciones superiores al fondo natural, de las cuales 814 superaban el nivel de radiación aceptable, por lo que fue necesaria su demolición parcial o total”.

Casi cuatro décadas después, el informe mexicano refiere las dificultades para recuperar el material contaminado y el debate y oposición de ejidatarios para seleccionar y determinar el “cementerio radiactivo” en donde hasta ahora yacen los restos.

El primer depósito provisional del material radiactivo (de enero a abril) estuvo en las inmediaciones del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad fronteriza. Luego pasó al Desierto de Samalayuca hasta que al final se enterró en un lugar conocido como La Piedrera.

Con ayuda del Departamento de Energía de Estados Unidos y el Ejército de ese país se examinaron 470 kilómetros en los que se recuperaron 27 pequeñas bolitas de color plata de Cobalto 60 que se diseminaron por carreteras y empresas.

La varilla contaminada se calculó en tres mil 821 toneladas y se confinaron tres mil 115, además de que se dejaron 459 toneladas que ya habían sido utilizadas en construcciones en las que se estimó que la radiación no causaba daños a sus habitantes. Las 247 toneladas restantes nunca se pudieron recuperar.

Asimismo, de 169 toneladas de laminados sólo 87 se consideraron con niveles contaminantes. Se trataba de láminas usadas en camiones de transporte de carga “donde se encontró que los niveles no representan riesgo para los operarios y público”.

El informe concluye la “urgente necesidad de implantar un control más estricto del material radiactivo que ingresa al país”.

La primera ley en esa materia se publicó en México el 4 de febrero de 1985, un año después del accidente en Ciudad Juárez, al crearse la norma reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en Materia Nuclear y a lo largo de los años permitió crear instituciones que aprueban y supervisan el manejo de materiales radiactivos, al mismo tiempo resguardan desechos contaminantes.

Nurit Martínez | El Sol de México