Ejidatarios de Tulum denuncian a integrantes del Tribunal Superior Agrario por despojo

CANCÚN, Quintana Roo. Ejidatarios de José María Pino Suárez, en el municipio quintanarroense de Tulum, denunciaron a cuatro integrantes del Tribunal Superior Agrario, por considerar que violaron la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con la acusación, los magistrados Maribel Concepción Méndez de Lara, Alberto Pérez Gasca, Claudia Dinorah Velázquez González y Carmen Laura López Almaraz incurrieron en acciones ilegales al emitir una resolución que causaría el despojo del patrimonio familiar de los ejidatarios.

La denuncia fue interpuesta el día 15 de diciembre de 2021 ante el Órgano Interno de Control de los Tribunales Agrarios, luego del fallo que emitieron en el recurso de revisión 211/2020-44 del 13 de julio del año pasado.

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En esa resolución, los magistrados desconocieron la creación por decreto Presidencial del 8 de octubre de 1973 del denominado Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, en Tulum, Quintana Roo.

Ese decreto establece la propiedad de los terrenos que actualmente se encuentran en el litigio luego de un proceso amañado de sobreposición de escrituras con el cual se intenta despojar a las familias del ejido de lo que ha sido su patrimonio durante generaciones.

Además de la denuncia, el día 15 de diciembre de 2021, los ejidatarios enviaron un documento al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para solicitar que interviniera para que los amparos directos 545/2021, radicado en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, y 564/2021 radicado en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, de la misma sede, se resuelvan conforme a derecho.

Los ejidatarios confían en que el Órgano Interno de Control asuma su responsabilidad jurídica y evite permitir conductas de parte de los magistrados denunciados que van en contra de la Constitución mexicana y de los artículos 7 y 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de diversos tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte.

Esperan que en correspondencia con la función para la cual fueron creados los Tribunales Agrarios, se termine con el tutelaje, simulación y corrupción que imperaban en la impartición de justicia agraria