INE interpone controversia constitucional en contra del recorte de 4,913 mdp a su presupuesto de 2022

El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por una recorte de 4 mil 913 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2022.

“Al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley, además de que se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía”, comentó el INE.

El organismo electoral manifestó su confianza en las instituciones de justicia de este país y subrayó que, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza.

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El 29 de noviembre de 2021, la Cámara de Diputados notificó a través de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación, aplicar un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE.

El recorte determinado por el Legislativo careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, dice el INE.

También, el ajuste presupuesta le impide al INE el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato.

Si la ciudadanía solicita la Revocación de Mandato, el INE requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarla a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados.

Con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna.

El Instituto, en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio para la realización de una eventual Revocación de Mandato como de una nueva Consulta Popular.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la autoridad electoral tenía la “obligación de prever” los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución, como la Consulta Popular y la Revocación de Mandato.

Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato

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El INE reitera que tiene toda la disposición y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo, como es debido, este ejercicio de participación ciudadana.