El decreto de obras de AMLO deja a las empresas en la indefensión: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advierte que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar las obras como seguridad nacional viola normas constitucionales y diversas leyes, ya que “dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”.

“El Acuerdo (o decreto) no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo”, sostuvo el organismo mediante un comunicado.

Asimismo, abundó, puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción.

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Al expresar su desacuerdo y preocupación respecto a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, consideró que al equiparar los proyectos federales a este régimen evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, abundó, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.

Menciona que el acuerdo presidencial pone al Ejecutivo por encima de la ley, pues abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y de los que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

Ello, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México.

Refirió que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio.

El CCE señaló que el acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional, emitida en un plazo de cinco días hábiles.

“Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”, enfatizó.

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Por ello, el organismo empresarial manifestó su rechazo y llamó a defender la legalidad y el Estado de Derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos, “garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones”.