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Guanajuato

Es legal atender la vulnerabilidad económica de la gente en un proceso electoral en Guanajuato

Con la entrega de vales, el Plan de Acción GTO ofrece apoyo a guanajuatenses de escasos recursos económicos

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Foto: Cortesía | Pixabay

LEÓN, Guanajuato. Es prioritaria la atención a personas en condición de vulnerabilidad económica, que ni un proceso electoral es motivo para que se suspenda la ejecución de acciones de los programas sociales del sector público, aplicados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, previstos en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente.

En el caso de Guanajuato, con el propósito de atender las consecuencias en materia económica, causadas por la pandemia de la covid-19, el gobierno estatal creó el programa Vale Grandeza-Compra Local.

Dicho programa complementa la Estrategia Impulso Económico Gto, como parte del Plan de Acción GTO que ofrece apoyo a guanajuatenses de escasos recursos económicos, mediante el otorgamiento de vales que les permitan adquirir productos de primera necesidad.

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Sin contravenir normas legales, el programa social el programa de vales es vigente al estar contemplado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2021, publicada en el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato 261, Vigésima Primera Parte, de fecha 30 de diciembre de 2020.

Se especifica que cuenta con reglas de operación que regulan su ejecución durante el ejercicio fiscal de 2021, las cuales fueron expedidas a través de Acuerdo Secretarial 022/2020, suscrito por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y publicado en el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 262, Tercera Parte, de fecha 30 de diciembre de 2020.

Respecto a los periodos pre y electorales, se subraya que en la ejecución de programas sociales durante campañas electorales no existe previsión constitucional o normativa que ordene la suspensión de la ejecución de programas sociales o de cualquier otro mecanismo que persiga ese fin, durante el desarrollo del proceso Electoral.

Sobre el tema, es clara la definición del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la resolución INE/CG695/2020, determinó que:

“Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, los programas sociales no deben suspenderse, salvo que así lo dispongan otras normas. Lo anterior conforme a las respectivas modalidades establecidas en las correspondientes reglas de operación”.

La normativa revela que el propio Consejo General consideró que para efectos de la tutela del principio de imparcialidad en el ámbito electoral, la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales con estricto apego a la legislación aplicable, puede constituir un indicio de que los mismos no tendrán fines electorales, toda vez que la naturaleza de la constitución y operación de dichos programas atiende a favorecer el ejercicio de los derechos sociales.

El organismo profundiza y sentencia que “por esta razón, con el fin de que estos puedan ser ejecutados durante el proceso electoral 2020-2021, deben  encontrarse previsto en el Presupuesto General de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, así como contar con las reglas de operación que regulen su ejecución, dar publicidad al programa social y cumplir con las obligaciones de transparencia.

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En ese sentido, el programa social Vale Grandeza-Compra Local cumple con dichos requisitos, tal como se describe en las Reglas de operación/previsión en el Presupuesto de Egresos: los programas sociales no se deben suspender si estos están previstos en el presupuesto de egresos y contar con el respectivo padrón de beneficiarios. Asimismo, con el fin de ejecutar el programa social, este deberá contar con Reglas de Operación, mismas que deberán ser aplicables para el ejercicio fiscal en el que se pretenda su ejecución.

Las reglas de operación consultadas determinan prohibiciones durante campañas electorales y la Sala Superior determinó como criterio orientador que los bienes o servicios derivados de la ejecución de programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral.

Óscar Ramos | El Sol de León