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Seguridad

La pandemia de Covid-19 le pegó a la impartición de justicia penal en 16 entidades de México

WJP destaca que en el último año, la sociedad civil y la prensa fueron los contrapesos más efectivos del Poder Ejecutivo en los estados

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Foto: Cuartoscuro

La contingencia sanitaria por Covid-19, que limitó el acceso de servicios por medios remotos, tuvo un impacto en la eficacia y la eficiencia de los sistemas de procuración e impartición de justicia en 16 estados del país.

Lo anterior, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2020-2021 de World Justice Project (WJP), que por tercera ocasión presentó los resultados en materia de Estado de Derecho de los 32 estados del país.

Los datos revelan la falta de medidas propicias de justicia abierta y digital, al verse limitado el acceso a servicios de justicia por medios remotos y colaborativos durante la pandemia.

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Refirió que en el último año, la sociedad civil y la prensa fueron los contrapesos más efectivos del Poder Ejecutivo en los estados, por encima de los poderes Legislativo y Judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales.

En la presentación virtual, Leslie Solís, investigadora del WJP, dijo que “los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades desde la versión pasada”.

Indicó que la brecha entre los puntajes de los 32 estados y el puntaje idóneo sigue siendo extensa, con retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto.

Así, los estados con los puntajes más altos en este Índice, que van de cero a uno, son Yucatán  (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44), mientras que los más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35) y Morelos (0.36).

Según el reporte de WJP, los puntajes aumentaron marginalmente en 17 estados, descendieron en cinco y 10 permanecieron sin cambios.

Detalla que cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018: Baja California Sur, Guerrero, Sonora y Nayarit.

Señala que la mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias.

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En este contexto, resalta, los estados con sistemas de justicia que ofrecieron menos servicios de justicia por medios digitales durante la pandemia de Covid-19, sufrieron las mayores caídas en este factor.

Indica que por tercer año consecutivo, el mayor desafío del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el Ministerio Público, debido en gran medida a los delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación.

En la reunión, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), resaltó la importancia de los contrapesos pues “en una democracia, en la que se aspira contar con un Estado de Derecho vigente y vigoroso, resultan fundamentales”.

Por ello, apuntó, los organismos constitucionales autónomos somos también reguladores del poder y a ellos contribuye la vigilancia ciudadana sobre las instituciones.

De acuerdo con el organismo independiente, la seguridad continúa como uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país.

Son embargo, destaca mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva en la mayoría de los estados, y la medición de ausencia de delitos mejoró en 26 entidades del país, debido a caídas en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas.

El Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25 mil 600 personas, de encuestas a más de dos 300 especialistas en todo el país y de datos fiables de terceras fuentes.

Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

A la fecha, 11 estados ya usan el Índice de Estado de Derecho en México para sus Planes Estatales de Desarrollo, Programas de Gobierno, y otros instrumentos de planeación.

El Índice de Estado de Derecho en México también está incluido en documentos de planeación a nivel federal, como el Programa Institucional 2020-2024 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o el Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024.

La intención del WJP es que el Índice sirva para identificar las fortalezas y debilidades de cada estado, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México.

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