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La Opinión

¿El gobierno de los jueces? No, el de las leyes

Torres, quien imparte clases de derecho, y Sánchez Cordero, ministra en retiro, deberían saber que la reforma de 2011 y, en general, la Constitución no prevén un “gobierno de jueces”

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Sobre la postura del presidente con el Poder Judicial. / Foto: Archivo

La semana pasada, Jesús Torres Gómez publicó una columna titulada “¿El gobierno de los jueces?” en el diario Milenio, a la cual me veo obligado a responder porque me parece un tema de primera importancia para la vida pública nacional.

Torres Gómez afirma que la reforma de 2011 en materia de derechos humanos fue aprobada con el objetivo de “establecer un mecanismo de revisión judicial, con pretexto de proteger derechos humanos para intentar establecer el gobierno de los jueces ante la posibilidad de que en el año 2012 Andrés Manuel López Obrador ganara la elección presidencial”.

Más adelante, el autor agrega que el Judicial “es el único poder cuyos miembros no son elegidos a través del voto popular, siendo entonces el único poder en el que podrían refugiarse priistas y panistas para desde ahí tratar de oponerse al presidente de México, con la excusa de la defensa de los derechos humanos”.

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Torres cierra su columna asegurando que todas las causas que impulsa el gobierno de López Obrador son justas y que la obligación de los jueces es impartir justicia. Por tanto, si los jueces no facilitan la puesta en marcha de la agenda programática de AMLO y, por el contrario, la entorpecen, entonces no están cumpliendo con su labor y le están fallando al pueblo de México.

En suma, Torres argumenta que: a) el Poder Judicial carece de legitimidad porque los jueces no son elegidos en las urnas; b) todo lo que hace AMLO es justo, por lo que todo juez que se le oponga es injusto, sin importar que sus sentencias se apeguen al marco jurídico vigente, y c) la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos fue parte de un complot del PRIAN que predijo el futuro y supo, desde entonces, que debía colocar a sus peones en los tribunales para así impedir la cuarta transformación.

Si estas conjeturas no le parecen suficientemente caricaturescas todavía, aquí va el pilón: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, colgó la columna de Torres en su cuenta personal de Twitter.

Más allá de lo imprecisos que son los argumentos de Torres, la conclusión implícita que se lee entre líneas en su texto es preocupante: los derechos humanos no son más que un artilugio de los conservadores para frenar a la Cuarta Transformación en los tribunales. Que Sánchez Cordero —sí, ésa misma que se presenta como un estandarte del feminismo y los derechos humanos— suscriba esta idea es aún más alarmante.

Además de alarmante, es contradictorio respecto a lo que la ministra en retiro había escrito acerca de la reforma de 2011 y de la protección jurisdiccional de los derechos humanos en años previos. Pero supongo que es más fácil adscribirse a las alabanzas al presidente, cuya voluntad está por encima de la ley según sus seguidores, que defender los derechos humanos en el interior de un gobierno al que francamente esas “ideas importadas” le tienen sin cuidado.

La argumentación de Torres también es alarmante porque trata de sostener esa máxima que suele repetir el presidente López Obrador: si me dan a escoger entre la justicia y el derecho, prefiero la justicia. Esto significa que la voluntad del presidente, el único ser capaz de velar por el interés nacional, debe estar por encima de la Constitución.

Bajo esta lógica, los ciudadanos que ejerzan sus derechos y acudan a los tribunales para apelar las decisiones de gobierno atentan contra el interés nacional, y los jueces que fallen a favor de los particulares agraviados menoscaban la justicia.

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Ahora bien, las consideraciones de Torres no sólo son preocupantes en el sentido ya descrito, sino que también son falaces, pues parten de una premisa falsa. En serio, ¿la reforma de 2011 fue una estratagema de los conservadores para “refugiarse” en el Poder Judicial?

Para empezar, los tres partidos más importantes de entonces (PRI, PAN y PRD) impulsaron la reforma. Ésta se aprobó con un amplio consenso entre las tres fuerzas políticas: cierto, no total, pero sí extenso. ¿Qué partido postuló a López Obrador a la presidencia en 2012? Sí, el PRD. ¿De verdad Torres nos quiere hacer creer que ese partido promovió una reforma con el objetivo explícito de desestabilizar a su futuro candidato presidencial?

Además, aunque su puesta en marcha ha dejado mucho que desear, la redacción de la reforma de 2011 ha sido aplaudida por organismos internacionales, académicos y organizaciones civiles, que aseguran que la reforma colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección de los derechos humanos como nunca antes.  

Por el contrario, los máximos detractores de la reforma han sido Felipe Calderón —enemigo público número uno del obradorismo, por cierto— y los impulsores de la política militarista-punitivista de combate al crimen organizado. En su libro Decisiones Difíciles, el expresidente caracteriza a la reforma como un error y arguye que: “Estas modificaciones [legales] se hicieron de buena fe, pero con una enorme ingenuidad: nos han llevado a un ‘hipergarantismo’ que exacerba la impunidad”.

En ese sentido, Torres y Sánchez Cordero se posicionan en el mismo marco argumentativo que los calderonistas, a quienes supuestamente reprochan la militarización de la seguridad pública, la cual no ha hecho más que redoblarse en el gobierno del presidente al que apoyan incondicionalmente. Así, la argumentación de esa columna es inconsistente y contradictoria también en este rubro.

Torres, quien imparte clases de derecho, y Sánchez Cordero, ministra en retiro, deberían saber que la reforma de 2011 y, en general, la Constitución no prevén un “gobierno de jueces”, sino uno de leyes. Sólo así se pueden proteger los derechos humanos de los mexicanos frente a la voluntad del poder en turno. Sólo así se puede garantizar que haya justicia, una justicia que está lejos de ser perfecta —hay que decirlo—, pero que brinda certidumbre a los ciudadanos.

Si, como dice el oficialismo, los jueces carecen de legitimidad porque no fueron elegidos por el pueblo y los derechos humanos son simples pretextos de la élite para defender sus privilegios, entonces los ciudadanos estamos indefensos frente al poder y somos totalmente susceptibles a sus abusos y arbitrariedades. ¿A eso le llaman justicia?