La Fiscalía Electoral de Baja California registra más de 700 conductas publicitarias indebidas

TIJUANA, Baja California. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Baja California (Feadebc) registró 725 casos de conductas publicitarias presuntamente indebidas, en el marco de las elecciones del 6 de junio próximo.

En su primer informe de actividades, el titular de la Feadebc, Carlos Barboza Castillo, informó que del 7 de enero al 31 de enero de 2021 se monitorearon medios de comunicación y redes sociales en las que se observaron conductas irregulares y se iniciaron tres actas circunstanciadas por presuntos delitos electorales.

“En el caso de las conductas electorales, nosotros tenemos que basarnos fundamentalmente en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y ahí hay un poco más o menos de 99 hipótesis delictivas”, refirió.

Precisó que 43.8 por ciento de las conductas observadas corresponde a distintas redes sociales, 36 por ciento a medios digitales y 20 por ciento del monitoreo de las conductas en materia electoral se hizo en medios impresos.

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“En materia electoral se establecen diversas hipótesis, una de ellas tiene que ver con las infracciones que son perseguidas por la autoridad administrativa; también existen las violaciones a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad y por supuesto, las violaciones a las conductas electorales”, detalló.

Mencionó que una de las conductas presuntamente violatorias al proceso electoral es por parte del gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien consiguió el triunfo en 2019 por el partido Morena y es muy cercano a Andrés Manuel López Obrador.

Apenas el lunes 15 de febrero, el Partido Encuentro Solidario (PES) solicitó a las autoridades electorales la instauración de un procedimiento especial sancionador contra Bonilla Valdez.

Barboza Castillo expuso que el gobernador incurrió en violaciones flagrantes al proceso electoral al inducir reiteradamente el voto a favor de la aspirante de su partido a la gubernatura, Marina del Pilar Ávila.

“De igual manera, Bonilla Valdez se ha excedido en sus funciones de gobernador al denostar a figuras políticas de partidos opositores, con el fin de afectar su imagen ante próximas elecciones”, abundó.

El PES de Baja California denunció al gobernador morenista ante el Instituto Estatal Electoral, basado en el artículo 41 constitucional, el 5 de la Constitución de Baja California y el 372 de le Ley Electoral del Estado.

“La intromisión de los funcionarios públicos en los procesos electorales constituye una violación a la ley y representa una amenaza para la democracia (…) Exhortamos al gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, a que se abstenga de seguir violentando el proceso electoral”, dijo en un comunicado el delegado nacional del PES, José Alfredo Ferreiro Velazco.

Otro caso de presunta conducta irregular en materia electoral por parte de funcionarios es el de María del Carmen Espinoza Ochoa, síndica procuradora de Tijuana, quien hace días utilizó el equipo de cómputo de su oficina de trabajo para registrarse como aspirante a la presidencia municipal; fue denunciada por ciudadanos.

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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Baja California nació en 2020 y será el primer proceso electoral en el que opere.

Su titular señaló que por la novedad del nacimiento de una Fiscalía de esta naturaleza, todas las conductas, pareciera ser, que se quieren encuadrar dentro de la tipología penal electoral.

No obstante, aclaró, nosotros tenemos que aplicar el principio de la ley penal, que significa que no podemos caer en presunciones. 

Barboza Castillo explicó que el proceso de investigación inicial (basado en el presunto delito del artículo 13, fracción I de la Ley General en Materia de Delitos Electorales) inicia con el conocimiento de un hecho.

Indicó que el segundo paso es constatar, revisar y analizar los datos aportados mediante el monitoreo o la denuncia (y la veracidad de la misma), en tanto que para saber si se cometió un delito en materia electoral, se hacen entrevistas a los denunciantes y testigos, se examinan dictámenes periciales, informes de policía de investigación, fotografías, videos, audios y notas periodísticas, así como inspecciones y cateos.

En un último paso del procedimiento de la investigación inicial, añadió que está el ejercicio de la acción penal: citación, orden de comparecencia y/o aprehensión y se solicita la audiencia para formular la imputación. 

Por Korina Sánchez