Tala en México equivale a dos veces la superficie de la CDMX

La pérdida de bosques en México por tala es de tal magnitud que en 2019 fue equivalente a 80 por ciento del territorio de Tlaxcala y dos veces la superficie de la capital del país.

En la tala de árboles no sólo está involucrado el crimen organizado, también han contribuido madereras y aserraderos sin regulación ni auditorías; la actividad ganadera, agrícola y turística.

Asimismo, dificultades para la integración de proyectos de aprovechamiento forestal, disminución de presupuestos a instituciones encargadas de velar el medio ambiente, falta de personal y corrupción de autoridades encargadas de vigilar, coincidieron especialistas en la materia.

El 12 de diciembre pasado, pobladores de Ciénega Puerto Alegre, San Miguel Totolapan, en Guerrero, se apostaron en medio del camino para bloquear el paso de los camiones que volvían repletos de troncos de madera.

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“Los paramos y los quemamos”, dijeron algunos cuando se dirigían a la zona boscosa con maquinaria pesada, una grúa y retroexcavadora.

Los aguerridos comuneros no se postrarían y mucho menos dejarían saquear sus recursos naturales. Ese día un grupo de 60 personas se organizó y tomó sus armas para impedirlo.

Pero el problema surgió en noviembre de 2018, cuando comenzaron con un proyecto de aprovechamiento forestal sustentable y al mes, los delincuentes les exigieron una cuota de un millón de pesos para dejarlos trabajar.

Los ejidatarios se negaron. Ante la respuesta, cinco de ellos fueron asesinados y el proyecto paró.

Lo mismo ocurrió en el poblado de Guajes de Ayala, Coyuca de Catalán, en la misma tierra caliente guerrerense, donde también los pobladores tenían un permiso para la explotación de sus bosques.

En marzo de 2020 sujetos armados se apoderaron de su campamento, herramientas y maquinaria, pero iban protegidos por personal militar y comenzaron con la tala ilegal.

Hasta 2010, México contaba con 49.8 millones de hectáreas de bosque natural que se extendían sobre 26 por ciento de su extensión territorial, pero en 2019 perdió 321 mil hectáreas, revela Global Forest Watch.

Esta extensión duplica el área que ocupa la capital del país (unas mil 500 hectáreas) y es poco menor al territorio de Tlaxcala (unas 400 mil hectáreas).

También de acuerdo con datos de Global Forest Watch cuatro regiones concentraron más de la mitad de la pérdida de árboles entre 2001 y 2017: Campeche (605 mil hectáreas), Chiapas (520 mil hectáreas), Quintana Roo 445 y Yucatán, con 414 mil hectáreas.

Existe una falta de regulación no sólo en los bosques, sino en toda la cadena productiva, destaca Gonzalo Chapela y Mendoza, coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF).

“En el proceso de la cadena de valor es donde fundamentalmente hay una resistencia muy grande de las madererías para dejarse regular. Una parte importante de la tala tiene que ver con que existe el mercado para estos productos, que son ilegales”, expuso.

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El robo de la madera con fines comerciales parte de intereses ajenos a comunidades, ejidos y propiedades particulares, como el caso del crimen organizado, lo mismo que el cambio de uso de suelo, que su objetivo no es vender la madera, sino desmontar para tener tierras para uso agrícola y uso inmobiliario, son los factores que contribuyen a la tala ilegal, explica Arturo García Aguirre, coordinador del colectivo MEF Bosques.

Sergio Madrid, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), destacó que en el sector turístico, la hotelería se instala en lugares que no debería, y pone de ejemplo donde hay manglares que son destruidos.

“Les estorba, lo queman, lo cortan, y como no hay una presencia institucional no se hace nada. Estamos perdiendo una gran cantidad de áreas de manglar. En Quintana Roo más de 50 por ciento de la superficie por manglar lo hemos perdido en los últimos 25 años, es un territorio forestal”, explica.

A esta problemática de deforestación se agrega el tema de la regulación inadecuada para el aprovechamiento forestal, pues los trámites son costosos y burocráticos para los ejidos, que buscan ser sustentables y cuidar de los bosques, por lo que optan por la tala ilegal.

El coordinador de MEF Bosques resaltó que hay ejidos y comunidades de pequeñas propiedades que buscan integrarse a la legalidad de proyectos sustentables, pero no pueden por las dificultades en la integración de proyectos, la falta de dinero e información suficiente.

Otro problema que genera la tala ilegal es la falta de personal de vigilancia, la disminución de presupuestos a los organismos y la promoción de buenas prácticas en la gestión del aprovechamiento sustentable de los bosques.

En los últimos dos gobiernos se redujo el presupuesto de la Semarnat y ello contribuyó a que el margen de operación de las dependencias se vea reducido.

 “Es el caldo perfecto para que se incrementen las cosas. Si de por sí antes había un poco más recursos había tala ilegal, pues ahora van a tener menos impedimento para hacerlo”, dice Alan Monroy.

Pero también los mantos acuíferos junto al río están secándose por la tala indiscriminada de los ejidatarios encargados de los proyectos de aprovechamiento forestal maderable, además de no ser reforestado como señalan los planes de manejo.

Por Andrés Estrada