La impunidad uniformada de verde olivo

En abril de 2009, la organización Human Rights Watch (HRW) publicó el informe “Impunidad uniformada”, que advertía de los peligros que implicaba que los militares fueran “jueces de sus propios actos”.

HRW señalaba que los elementos castrenses que cometían delitos y violaciones a derechos humanos generalmente quedaban en la impunidad, pues sus casos se dirimían en tribunales militares y, en las raras ocasiones en que éstos llegaban al sistema civil de justicia, las investigaciones quedaban truncas y las sentencias eran obsequiosas y aquiescentes.

El documento detectó una tendencia peligrosa desde aquel lejano 2009, cuando la guerra contra el narcotráfico apenas comenzaba. Casi doce años después, esa tendencia se ha profundizado y consolidado, y la impunidad uniformada está más vigente que nunca.

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De acuerdo con Fernando Escalante, en abril de 2014, ocurrió un parteaguas para la profundización de la impunidad uniformada: “la Secretaría de la Defensa dejó de informar sobre el número de mexicanos muertos por miembros del Ejército en operaciones contra el crimen organizado”.

“Se puede usar la fecha para indicar el momento en que cambió definitivamente el equilibrio de fuerzas entre civiles y militares”, afirma Escalante en su artículo del número actual de la revista Nexos.

Remata ese estupendo texto asegurando que: los militares “no se sienten en la obligación siquiera de informar. Los motivos no importan: si no publican la información es porque pueden no publicarla. Eso es todo”.

El jueves 14 de enero de 2021, ocurrió otro parteaguas para la profundización de la impunidad uniformada. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal alguna contra el general Salvador Cienfuegos.

El general no necesariamente era culpable, pero eso lo debía determinar una indagación seria, no consideraciones políticas acerca de la inconveniencia de ocasionar descontento en la cúpula militar y sobre lo contraproducente que sería destapar la cloaca de la colaboración de las fuerzas armadas con el crimen organizado, lo que mancharía la reputación del “Ejército honorable e incorruptible”.

La operación política de México para repatriar al general Cienfuegos y evitar su juicio en Estados Unidos, la decisión de la FGR de exonerarlo y las declaraciones al respecto del presidente López Obrador —la DEA “fabricó las acusaciones” y detuvo al general por “motivos políticos”— sacaron a relucir un rasgo muy particular de la impunidad uniformada: se da por partida doble, jurídica y política.

El rubro jurídico es sencillo y, hasta cierto punto, ya está explicado. Cuando los elementos castrenses violan la ley, son procesados en el sistema de justicia militar, que es tan autónomo como opaco, una combinación nada favorable para la justicia.

A esto hay que añadir que los tribunales militares son selectivos y elitistas: la impunidad es la regla, pero cuando llega a haber una excepción y hay una sentencia desfavorable contra un elemento, lo más probable es que éste sea un simple soldado y no un miembro de la cúpula castrense.

En el ámbito político, el Ejército está blindado desde tiempos del régimen priista, cuando había un acuerdo tácito que aseguraba que las fuerzas armadas estuvieran más o menos al margen de la política nacional —pues en lo local mantuvieron un papel protagónico— a cambio de una serie de prebendas, incluido el control de ciertos negocios formales e informales (¿o ilegales?).

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La transición democrática y la alternancia en el poder no trastocaron ese acuerdo, que se mantuvo vigente durante el sexenio de Fox. El blindaje político del Ejército se reforzó durante la presidencia de Calderón, que centró su agenda de gobierno en el combate al narcotráfico y encargó esta tarea a las fuerzas armadas.

Dicho de manera más simple, las instituciones castrenses fueron parte fundamental del proyecto político calderonista y eso extendió los alcances de la impunidad uniformada a niveles insospechados.

Esta tendencia continuó durante la gestión de Peña Nieto, quien también promovió la militarización de la seguridad pública, aunque con un discurso menos duro que el de Calderón.

Incluso, el propio general Cienfuegos era uno de los miembros más poderosos del gabinete peñista, pese a no ser una figura mediática.

La alianza de López Obrador con el Ejército no ha hecho más que fortalecer el blindaje político de los militares y, por tanto, la impunidad uniformada.

Las fuerzas armadas se han convertido en uno de los pilares fundamentales del proyecto obradorista: en materia de seguridad, política social, obras de infraestructura y hasta en salud pública.

Vemos a una cúpula militar cada vez más envalentonada, que participa en política activa y abiertamente, a un grado no visto desde la década de 1940.

Ya no es necesario que lo haga por debajo del agua porque ahora el Ejército es parte de la “cuarta transformación” y esa simple razón lo legitima para participar sin tapujos en la vida pública nacional.

Tenemos la peor combinación posible: un Ejército con cada vez más facultades que está cada vez menos regulado y menos sometido a la autoridad civil; un Ejército con más poder y con menos contrapesos; un Ejército con carta abierta para actuar con discrecionalidad y opacidad, mientras cumpla con las órdenes del presidente. Es la impunidad uniformada en su máximo esplendor.

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