Una serie de vacíos legales han afectado a las empresas de Baja California en la crisis de Covid-19

TIJUANA, Baja California. Las empresas no tienen claro en muchas ocasiones las medidas sanitarias para el resguardo de las personas vulnerables en los centros de trabajo por la pandemia de coronavirus (Covid-19), porque el gobierno no publica las medidas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Fernando Yllanez Almanza, abogado especialista en materia laboral, explicó que el gobierno federal anunció en la página www.nuevanormalidad.gob.mx las medidas que deben seguir los patrones para el cuidado del trabajador, pese a que cualquier notificación de carácter oficial, debe establecerse en el DOF.  

Por una parte, raya en la inconstitucionalidad la acción del gobierno de publicar en un sitio web y no en el DOF, las medidas de higiene que deben seguir las empresas en el marco de la emergencia de salud (mismas que derivan en sanciones en caso de no seguirlas).

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“Si a mí me preguntan, yo considero que carece de legalidad. En realidad (el gobierno) tendría que hace una publicación especial para cada uno de los criterios de aplicación obligatoria para cada una de las empresas”, argumentó.

Las medidas deberían publicarse en las gacetas de los gobiernos estatales, además del DOF, agrega el especialista.

“Eso es lo que nos da seguridad jurídica de que algo existe, que es aplicable y que algo con lo que la autoridad nos puede sancionar existe y no fue inventado o modificado a conveniencia de las autoridades”.

A causa de la pandemia, afirmó Yllanez Almanza, hay una discrepancia en las normativas de autoridades locales y federales, creando confusión para las empresas.

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Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el documento de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, fungen como la base de la actuación de una empresa, para actuar de forma correcta durante la pandemia.

No obstante: “Ni el gobierno federal, ni el gobierno local tienen capacidad jurídica de imponerle a un patrón que con motivo de llámese emergencia sanitaria o cualquier cosa que impida a una persona ir a trabajar, que le pague el salario”.

El especialista en materia laboral argumentó que en caso de hacerlo, sería un acción inconstitucional, ya que solo la Ley Federal del Trabajo es la que tiene estas facultades.

Preocupa concepto de personas vulnerables

Por otra parte está el concepto de “Personas vulnerables”, resaltó Yllanez Almanza. Se trata de una figura establecida a raíz de la emergencia de salud, que se refiere a las personas que sean propensas a desarrollar una complicación o morir por coronavirus.

“Es un concepto que no tiene ningún fundamento legal, y con fundamento legal me refiero a que en ningún ordenamiento jurídico existe una definición o concepto”.

Diabetes e hipertensión son dos padecimientos que se incluyen en el grupo de vulnerables; en estos casos, las personas tienen prohibido trabajar en semáforo rojo, tal como ahora se encuentra Baja California.

“No existe una ley que a mí como patrón me obligue a tomar ciertas acciones, siempre puede haber un camino que me permita llegar a acuerdos con este personal”.

La afectación a las empresas radica en que sus empleados padecen diabetes, obesidad e hipertensión, enfermedades que conforman un problema de salud en Baja California.

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La principal causa de muerte en el estado se relaciona con fallas cardiacas derivadas de la obesidad, aunado a que nueve de cada 100 bajacalifornianos son diabéticos, lo que les hace vulnerables a no sólo contagiarse, sino a fallecer si contraen el Covid-19.

En Baja California luchan contra la diabetes mellitus alrededor de 300 mil personas y cada vez son más jóvenes, desde los 20 años de edad, según datos de la Secretaría de Salud.

El especialista sugirió que las empresas deben documentar que se está cumpliendo con los requerimientos de higiene por parte de las autoridades, pese a no estar estipulado en alguna ley.

Algunas medidas que deben tomar las empresas para cuidar a las personas vulnerables son: suspender o flexibilizar la asistencia de personal encargado de cuidar menores, adultos mayores y personal vulnerable; priorizar el trabajo a distancia y no discriminar. Además de revisión médica para evaluar su condición de salud.