La 4T quiere que empresas bajacalifornianas paguen más impuestos por certificación de IVA y IEPS

TIJUANA, Baja California. Las empresas de Baja California entregan recursos millonarios a la Federación, vía certificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y los montos podrían ser mayores con los cambios establecidos en la ley fiscal, estimaron especialistas.

Gracias a que tres mil 613 empresas bajacalifornianas se encuentran bajo el esquema de certificación que se exige y se recauda por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el gobierno ha obtenido 967 millones 998 mil 320.15 pesos en los últimos cinco años.  

En la “Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2020”, publicada en el Diario Oficial de la Federación hay un pago por la certificación, que incluye el pago retroactivo por los años que duraron certificadas desde su autorización que implicaría mayor recaudación.

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Daniela González, especialista en comercio exterior dijo que lo establecido para el pago de la certificación es que sea retroactivo, aunque se menciona bajo otro concepto por parte del gobierno.

“Haciendo un redondeo de las empresas que han estado certificadas, que lo dejamos en un redondeo de mil 500, que ha sido la constante. Estamos hablando de miles y millones de pesos”.

Explicó que otro de los cambios a los que están sometidas las empresas es sobre la facultad de las autoridades para hacer embargos en las que se incumpla con la certificación.

“Pueden ir muy amablemente a hacer sus inspecciones del cumplimiento de certificación y si detectan algo extraño en su planta pueden cambiar de método y embargar”.

Las empresas pagarán 29 mil 747.90 pesos cada vez que renueven la certificación del IVA y el IEPS.

Declaró que los empresarios solicitan claridad por parte de gobierno para cumplir con los requerimientos, entre los que se incluye el pago de impuestos correspondiente a un ejercicio de hace cinco años.

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“Que se respete que no se debe de hacer ya es un pago vencido, ya vamos… Si de por si el retroactivo estaba incorrecto, el estar solicitando lo que es 2015 es mucho más grave”.

Salvador Díaz González, presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) en Tijuana aclaró que se cumple con los pagos que exige el gobierno y después se acude a una asesoría legal, para definir si se emprende una acción legal ante las modificaciones de la ley que deriva en cobros nuevos.

“La industria, históricamente no nos gusta la confrontación, lo único que hemos pedido es legalidad y hemos pedido que nos dejen trabajar”.

Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista, detalló que el gobierno emitió una regla para solicitar el pago de los últimos cinco años mediante un ejercicio caduco y busca que un mecanismo de exacción se haga de cobranza rápida.

“Eso totalmente es inconstitucional, es totalmente inválido, así no se hacen los actos de exacción y así no se hace la cobranza”.

Los montos exigidos por parte del gobierno, por concepto de la certificación no eran requisito al momento de solicitarla, argumento que puede ser utilizado legalmente, precisó. “No me puedes cobrar algo que no era parte del otorgamiento de esa autorización o de una autorización que ya no está vigente”.

Baja California genera 187 mil millones de pesos en impuestos, de los cuales, la federación regresa 54 mil, es decir, un 29 por ciento.