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Baja California

El Patronato Plaza 11 de julio causó un daño patrimonial por 50 mdp al gobierno de Baja California

El gobernador Jaime Bonilla Valdez señalo que los montos que se recuperen se invertirán en parques, ya que son los pulmones de Tijuana

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Vicenta Espinosa Martínez
Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de la Honestidad y la Función Pública dio los por menores del caso. Crédito: Cortesía

TIJUANA, Baja California. Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, aseguró que el Patronato Plaza 11 de julio (Zócalo de Tijuana) provocó un daño patrimonial de 50 millones de pesos, por los que serán llamados a rendir cuentas y a dar la cara los responsables.

La secretaria de Honestidad y la Función Pública (SHFP) de Baja California, Vicenta Espinosa Martínez entregó una auditoría, una revisión documental y la cancelación del contrato para la construcción del Zócalo 11 de julio dispuesta por el mandatario para devolver el parque Benito Juárez a los tijuanenses.  

El gobernador Jaime Bonilla tuvo a bien cancelar dicho convenio, ya que el Patronato Zócalo 11 de julio tenía como objetivo enajenar, administrar y desarrollar un centro comercial en espacios públicos, propiedad de los tijuanenses, recordó Espinosa Martínez. 

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Al hacer la revisión correspondiente del documento, reiteró que el mandatario procedió a dejar sin efecto dicho contrato.

“Se encontraron varias anomalías en esta asociación civil, que encabeza la empresaria Carolina Aubanel Riedel, causando un gran daño patrimonial a las arcas del Estado”, puntualizó.

La funcionaria dijo que “la gran sorpresa es que las obras de este proyecto no se realizaron correctamente, además quedó en evidencia el beneficio directo para particulares y terceros”. Se abstuvo de abundar en detalles o dar nombres de los “beneficiarios” o participantes en los manejos de la suma mencionada.  

Recalcó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al revisar las partidas de orden social provenientes de la Federación, encontró que se destinaron 70 millones 335 mil pesos del Fondo Metropolitano y Desarrollo Regional.  

“La irregularidad y el daño a la hacienda pública, es que dicha cantidad nunca se ejerció. El contrato del Patronato Zócalo 11 de julio, jurídica y legalmente estaba muy bien elaborado y redactado. Contemplaba precios unitarios y tiempos determinados de obra para el zócalo”, citó la secretaria de Honestidad y Función Pública.

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Hizo notar que, entre el año 2014 y 2015, al no cumplirse los tiempos establecidos para la construcción, se tuvo que suspender y clausurar la obra. La SHFP (federal) en sus atribuciones observó que se destinaron 200 millones de pesos al Patronato; de esa cantidad, 111 millones se adjudicaron para el Zócalo 11 de julio el día 17 de diciembre de 2014.  

Y luego reveló: “Se detectaron irregularidades por 98 millones de pesos, y solo 13 millones fueron empleados para los trabajos de construcción, debidamente registrados y documentados”.   

La propia Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California, al buscar documentación, “encontró una diferencia de 35 millones 451 mil 29 pesos, en la fecha antes mencionada, y se determinó un daño patrimonial”.  

En este contexto, dijo la funcionaria estatal, “…si no se comprueba con documentación original, que la ultimación de los recursos se hizo con total transparencia, tendrán que reintegrar al erario público los 35 millones…”. Agregó que hay 62 millones de pesos de diferencia con las estimaciones que hizo la Secretaria de Honestidad y la Función Pública (SHFP) en el Estado, sobre las contrataciones pagadas.

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También se descubrió una cuenta bancaria con un monto de 33 millones 634 mil 913 pesos, cantidad que se devolvió a la Federación, pero con un faltante de 1.9 millones de pesos. En este mismo rubro había conceptos para el mejoramiento del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), andadores y áreas verdes para el Zócalo 11 de julio.

“La contratación y adjudicación directa para su ejecución, con fecha 4 de enero del 2016, después de su auditora correspondiente, se procedió a la clausura de la obra, además por las manifestaciones y amparos ambientales, ya que no existían permisos para la tala de árboles en el parque Benito Juárez, causando un daño por 49 millones 950 mil pesos, adicionalmente a las obras inconclusas”, señaló. 

“Los responsables tendrán que dar la cara”, expresó la titular de la SHFP.  

El gobernador Jaime Bonilla Valdez, detalló que son dos montos pendientes, uno por 1.9 millones y el otro por $49 millones, lo que da un total mayor a los 50 millones de pesos en daño patrimonial.

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“Estos temas se tienen que abordar y hacer públicos, para que los bajacalifornianos estén informados; el caso Emilio Lozoya (sobornos de Odebrecht a diputados, senadores y equipo de campaña del candidato presidencial Enrique Peña Nieto), no es el único caso que causa impacto a nivel nacional, también en Baja California hay cosas que nos sorprenden mucho”, enfatizó.  

El jefe del Ejecutivo de Baja California dijo finalmente que la Secretaria de Honestidad y la Función Pública, marcará la ruta para recuperar el dinero desviado, y que finalmente se aplique en los parques que son los “pulmones” de la ciudad de Tijuana. Los nombres de los involucrados en posibles desvíos seguirán en reserva, en tanto se judicializan las carpetas de investigación.  

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