Funcionarios de la SCT y Capufe son denunciados en la FGR por desalojar la caseta de Playas de Tijuana

Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno de Baja California, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de distintas autoridades por despojo y el uso excesivo de fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina Armada de México en la toma de la caseta de peaje de Playas de Tijuana.

¨Vengo a nombre del Gobierno de Baja California a presentar esta denuncia penal por abuso de autoridad, contra distintas autoridades, por ejercer estos derechos sin tener sustento jurídico, por despojo, ya que llegaron a las 3 de la mañana utilizando la fuerza sin que mediara la disposición de ningún juez, usaron la fuerza bruta, usaron la Marina Armada de México, el Ejército, la Guardia Nacional”, dijo Rodríguez Lozano.

El secretario General de Gobierno explicó que la denuncia también contempla el uso ilícito de atribuciones y facultades, porque todas estas autoridades no tenían ningún derecho para poder otorgar concesiones como lo hicieron en 1997 y en el año 2011; asimismo la denuncia es por el ejercicio indebido del servicio público.

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“Por eso vinimos a la FGR para poner esta denuncia en contra de los funcionarios que resulten responsables, desde los anteriores hasta las autoridades actuales que siguen manteniendo esa concesión basados en actos ilegales”, dijo el titular de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, (SGG).

El 8 de julio de 2020, gobernador de Baja California emitió un decreto para administrar 18 kilómetros del tramo de la carretera escénica Tijuana- Playas de Rosarito, la cual será gratis para los residentes y automovilistas.

“La recaudación de la caseta de peaje de Playas de Tijuana, se convirtió en un ingreso muy importante para el gasto corriente del Gobierno Federal, generando 5 millones de pesos por semana”, dice decreto realizado por senador con licencia de Morena.

Un día después, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que viola la constitución el decreto de Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, para administrar 18 kilómetros del tramo de la carretera escénica Tijuana- Playas de Rosarito, el cual será gratis para los residentes y automovilistas.

“El decreto viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal”, afirmó la SCT.

A la caseta de peaje acudieron más de 30 unidades artilladas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para cobrar el peaje. Inmediatamente los agentes de la Fiscalía General de Justicia de Baja California se retiraron del punto entregado por el gobernador del Estado.

El gobernador de Baja California exigió a los diputados del Congreso del Estado presentar un exhorto o iniciativa para expropiar la carretera Tijuana-Ensenada, la cual fue le fue quitada a los bajacalifornianos y ahora pagan más de mil pesos semanales por cruzar la caseta de Playas de Tijuana.

“La expropiaron, porque no la quisieron pagar y la hicieron de paga y hemos estado pagando con sangre”, declaró el senador de Morena, quien criticó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) por usar a la Guardia Nacional (GN) para recuperar la caseta de cobro de Playas de Tijuana.

El gobernador de Baja California manifestó que la gente no puede enfrentarse con el Ejército y con la Marina, porque no hay porcentaje de que gane el pueblo.”Ellos vienen armados (los elementos), no tiene caso de que hagamos ese tipo de resistencia, esto se va a solucionar por la vía institucional”, aseguró Bonilla Valdez.

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El funcionario del gobierno de Baja California dijo que esta carretera fue construida por el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz y la concesión se venció en el año de 1997. A partir de ese momento la carretera tuvo que haberse convertido en patrimonio de Baja California, una carretera de libre acceso.

Rodríguez Lozano explicó que a partir de entonces autoridades distintas como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) Banobras, y posteriormente en otro sexenio nuevamente SCT y CAPUFE, sin tener derecho o autorización y sin estar basados en ninguna ley dieron una concesión primero por 20 años y luego por 40 años más.

“Esta última concesión la dieron en el 2011 sin hacerlo de conocimiento público, por lo que tendrían ellos derecho de mantener – sin tener las atribuciones – la utilización de esta carretera hasta el año hasta el año 2051, lo que es un gran abuso, por eso interpusimos esta denuncia penal”, concluyó el secretario General de Gobierno.