Rappi dejará de operar en Baja California por ley de movilidad que criminaliza su servicio

TIJUANA, Baja California. La compañía colombiana Rappi anunció la suspensión de sus actividades en Baja California “hasta nuevo aviso”. Esto por considerar que las reformas aprobadas por el Congreso estatal incluyen “sanciones desproporcionadas” que afectan su operación como empresa dedicada al servicio de entregas a domicilio.

El gobierno estatal publicó un decreto para que los repartidores de las empresas de entrega a domicilio como Rappi sean parte del recién creado Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS), y advierte sanciones a quienes no cumplan.

El nuevo IMOS solicita que los choferes que se rijan bajo sus estándares (que incluye pago de permisos de operación) y no a los que exigen las compañías digitales; pero Rappi argumentó que no operará en Baja California debido a las penas excesivas.

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“Nos vemos obligados a suspender operaciones en el estado de Baja California a partir del martes 23 de junio de 2020, hasta nuevo aviso”, dice un comunicado de la empresa.

“Nos parece que imponer penas carcelarias a la actividad económica es una acción que atenta a los principios constitucionales y representa una acción desproporcionada por parte del gobierno estatal”.

Los pedidos a domicilio de medicina y comida así como el servicio de transporte aumentaron con la emergencia sanitaria. Las entregas de Rappi crecieron 54 por ciento una vez que comenzó el confinamiento, mientras que las de Uber solo lo hicieron 18 por ciento, de acuerdo con un análisis de conectividad publicado por Jerónimo Diez de Sollano Velasco A., Chief Technology and Information Officer Interino de AT&T en México.

La empresa no descarta su regreso al mercado bajacaliforniano, en el que logró una gran aceptación de los usuarios.

“En Rappi estamos analizando con detenimiento la situación y aquellas acciones que la ley nos brinda para la defensa de los intereses de nuestros aliados, nuestros usuarios y los repartidores”.

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El golpe económico para las empresas que operan mediante plataformas digitales, inició cuando los diputados del estado fronterizo, de mayoría morenista, modificaron la ley para gravarlas, tal como Uber y Rappi.

Fue el viernes 24 de abril cuando el Congreso votó la iniciativa para gravar “solo las sociedades mercantiles, mejor conocidas como ‘plataformas digitales’ nacionales o extranjeras que, por virtud de acuerdos comerciales vigentes, promuevan el uso de tecnológicas o aplicaciones”.