El Covid-19 apagó al movimiento feminista en México

Uno de los efectos más nocivos y notables de la pandemia de coronavirus (Covid-19) en México fue el viraje de la discusión pública que, casi de la noche a la mañana, pasó de centrarse en el movimiento feminista a enfocarse en los efectos sanitarios y económicos de la enfermedad.

El domingo 8 y el lunes 9 de marzo de 2020 fueron días históricos para la lucha feminista en México. Primero, las mujeres tomaron las calles; después, desaparecieron de la escena pública por un día completo.

Ambas acciones sirvieron para manifestarse en contra de la violencia machista y a favor de la equidad de género y de una agenda progresista en materia de derechos sociales, laborales, sexuales y reproductivos.

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Con las manifestaciones y el paro nacional, las mujeres demostraron su capacidad de movilización y organización, pero, sobre todo, dejaron claro que no están dispuestas a seguir viviendo en un orden social patriarcal, violento y desigual.

En los días previos y posteriores a las manifestaciones, diversas figuras políticas de todos los partidos expresaron su apoyo a la causa feminista.

Asimismo, legisladores estatales y federales se mostraron dispuestos a discutir y aprobar leyes que satisficieran las demandas (si bien parcialmente) del movimiento. Además, el tema fue ampliamente cubierto y debatido tanto en los medios de comunicación tradicionales como en redes sociales.

Esto les valió severas críticas a diversos funcionarios públicos, fuerzas políticas, periodistas y comunicadores, pues se les tachó de oportunistas e hipócritas por solamente apoyar la causa feminista en esta coyuntura: por ser políticamente rentable y no por compromiso genuino con la agenda.

Aunque las críticas tuvieran fundamento, para efectos prácticos lo importante no era que el apoyo político al movimiento fuera genuino, sino que los políticos y los medios de comunicación abrazaran la causa, así fuera de manera oportunista. Todo para que la agenda avanzara y cristalizara en leyes e instituciones efectivas para combatir la violencia de género, garantizar los derechos de las mujeres y combatir la violencia machista.

En 2011, se aprobó la reforma constitucional de derechos humanos, en un contexto de intensas movilizaciones sociales de protesta en contra de la guerra contra el narcotráfico. Uno de los máximos promotores de esta reforma en el Congreso fue el priista Manlio Fabio Beltrones.

Nadie es lo suficientemente ingenuo para creer que Beltrones es un asiduo defensor de los derechos humanos. Sin embargo, la coyuntura orilló a los legisladores de todos los partidos a comprometerse con la agenda de derechos humanos. Lo mismo hubiera podido ocurrir con el
movimiento feminista.

Quizá más congresos estatales hubiesen aprobado leyes para despenalizar la interrupción del embarazo o al menos hubieran promovido legislaciones menos restrictivas con el aborto. Quizá, incluso, se hubiera podido legislar al respecto a nivel federal.

Quizá se hubiera creado un entramado institucional más efectivo y se hubieran comprometido más recursos para combatir el feminicidio. Quizá se hubiera hecho lo mismo para la violencia doméstica.

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Éstas son simples especulaciones, pero lo importante es destacar que la irrupción de la pandemia en territorio mexicano rompió el momentum del movimiento feminista, redujo notablemente la intensidad de las manifestaciones, mermó la capacidad de movilización de las mujeres y desplazó del centro de la agenda pública a la causa feminista.

No dudo que, en un futuro, los colectivos feministas recuperen esa capacidad de convocatoria y de organización. Tampoco dudo que, más tarde que temprano, llegarán los cambios legales e institucionales que se requieren para construir un orden social más equitativo y menos violento.

Sin embargo, las condiciones de posibilidad para que esto ocurriera estaban allí durante los primeros días de marzo. La mesa estaba puesta para un debate más profundo en la agenda feminista. Pero llegó la maldita pandemia.