Un daño patrimonial de 349 mdp fue provocado por Manuel Arroyo (el dueño de El Financiero)

Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, presidente Comtelsat y dueño de El Financiero, provocó un daño patrimonial al erario público por 349 millones de pesos, ya que las cámaras videovigilancia instaladas en Xalapa, Poza Rica, Córdoba, Fortín y Veracruz no funcionaron correctamente y no recibían la señal de los sucesos filmados.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 349 millones 775 mil 736.68 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la TESOFE”, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz realizó pagos sin identificar, no hizo un registro de los bienes adquiridos a Comtelsat, así como tampoco efectuó su resguardo correspondiente y no acreditó el correcto funcionamiento y su entrega formal, dice el organismo dirigido por David Rogelio Colmenares Páramo, quien es columnista de El Financiero.

“Con las visitas físicas de los Centros Estatales de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Xalapa, Poza Rica y Córdoba-Fortín y del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5) de Veracruz, se verificó que se careció de la entrega formal de los bienes, los cuales no se identificaron ni se inventariaron y carecieron de resguardos”, advierte la entidad encargada de auditar los recursos públicos.

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La Auditoría Superior de la Federación enfatiza que el funcionamiento de las cámaras instaladas en el C4 y C5 en Veracruz no fue el óptimo, ya que la mayoría no funcionaron correctamente o no recibían la señal.

El 7 de diciembre de 2017, Juan Carlos Saldaña Morán, jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, y Gabriela Montaño Zúgiña, apoderada legal de Comtelsat, suscribieron un contrato para la adquisición, suministro, electrificación, instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión.

El contrato estableció que Comtelsat instalaría seis mil 476 cámaras, que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia, en el ejercicio fiscal de 2017 y 2018.

“Comtelsat proporcionará el servicio de electrificación necesario para el desarrollo del circuito cerrado de televisión por un monto máximo de 116 millones de pesos”, explica el contrato en poder de A Teclazo Limpio.

La empresa de Manuel Arroyo cuenta con la experiencia, capacidad técnica, financiera, así como con eficiente organización administrativa, personal calificado, equipo adecuado y recursos para ejecutar la instalación de las 6 mil 476 cámaras, dice el documento.

La firma del dueño de El Financiero tiene como servicios la compra, venta, comercialización, distribución, fabricación, importación, exportación, arrendamiento de todo tipo de equipo electrónico, de cómputo y comunicaciones vía satélite, así como sus refacciones, componentes y repuestos. A la firma del contrato estaba al corriente en el pago de impuestos.

Manuel Arroyo, CEO de Comtelsat, se hizo visible a finales del sexenio de Felipe Calderón, cuando adquirió en 6 millones 671 pesos las marcas del periódico El Financiero.

Surgió de la nada como un millonario que se dedicó a instalar antenas parabólicas y de pronto, era una historia de éxito incluso de la versión mexicana de Forbes.

Arroyo Rodríguez aclaró en su momento, con un gesto de molestia en el rostro, como si algo oliera mal, que no recibió apoyo económico ni beneficio alguno de la administración de Felipe Calderón para la adquisición del periódico fundado por Rogelio Cárdenas Sarmiento.

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El empresario, quien recibió en septiembre de 2014 de manos de Enrique Peña Nieto el premio Trayectoria Emprendedora, comenzó a vender cuando tenía 20 años soluciones de broadcast, cable, producción, audio, video, postproducción, film, telefonía y servicios de seguridad.

Su experiencia lo llevó a construir los estudios de canales como Fox Sports, ESPN, SKY, América Móvil, Grupo Multimedios, Telmex, Televisa, TV Azteca, INE, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

En agosto de 2019, periodistas y ex trabajadores del diario El Financiero denunciaron la empresa y Manuel Arroyo Rodríguez, presidente y CEO de Comtelsat, adeudaban tres meses de pago a sus directivos, y tres quincenas a sus editores y reporteros.

A finales de 2019, Manuel Arroyo, el empresario surgido de Lindavista y quien es considerado un “nuevo rico” dentro de los círculos de tomadores de decisiones de este país, recibió contratos por el Senado de la República para modernizar sus estudios.

“En el contrato y sus convenios modificatorios se estableció un periodo de ejecución de 252 días con fecha de conclusión al 16 de agosto de 2018, sin que a la fecha de la auditoría se concluyera la entrega y puesta en operación de la totalidad de los bienes adquiridos”, dicen los auditores de la ASF.

Tampoco se finiquitó el contrato ni se aplicaron las penas convencionales correspondientes, por lo que se iniciaron las gestiones del proceso de rescisión del contrato con Comtelsat.

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La ASF explica que el gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave pagó mil 044 millones 523 mil miles de pesos con diversas fuentes de financiamiento (a Comtelsat), de los cuales 349 millones 775 mil pesos corresponden a los recursos del programa Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz.

“El contrato y los convenios no estipularon la cantidad de bienes adquiridos por fuente de financiamiento; además, en las facturas emitidas por el proveedor no se registraron los números de series y de identificación de los bienes”, añade.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que hubo pagos improcedentes por 349 millones 775 mil de pesos con recursos del programa Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz, ya que los bienes adquiridos no se identificaron ni se registraron en el inventario y carecieron del resguardo correspondiente.

Tampoco se acreditó el correcto funcionamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en Veracruz, agregó la ASF.

“El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de las Políticas y Lineamientos para el ejercicio de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 349 millones 775 mil de pesos, que representan el 99.9 por ciento de la muestra auditada”

Auditoría Superior de la Federación.

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.