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La Opinión

Nadie entiende mejor a López Obrador que el ministro Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, le endulza el oído al presidente de México con la promesa de acabar las redes de corrupción y tráficos de influencia

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Jacques Coste
La Ley Bonilla resultaba comprometedora para el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es presidido por Arturo Zaldívar, declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla”, la cual ampliaba de dos a cinco años la gestión de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California.

La sentencia es un buen signo de la autonomía y las capacidades institucionales de la Corte. En esta ocasión, los criterios jurídicos se impusieron a las consideraciones políticas y la independencia de los ministros quedó de manifiesto. 

Pero aún es pronto para enterrar las sospechas sobre la total independencia del tribunal constitucional, ya que éste era un caso relativamente sencillo por dos razones.

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En primer lugar, el ministro que hubiera defendido la constitucionalidad de una ley que era a todas luces inconstitucional hubiera quedado en la incómoda posición de “defender lo indefendible” y hubiera perdido todo prestigio y toda credibilidad ante la opinión pública. 

En segundo lugar, el costo político asumido por los ministros al declarar inconstitucional esta ley fue nulo, ya que una sentencia en este sentido resultaba favorable tanto para Morena como para la oposición. 

La Ley Bonilla resultaba comprometedora para el presidente López Obrador y para Morena, pues daba fundamento a las especulaciones sobre las posibles intenciones reeleccionistas de AMLO. Es decir, para el presidente y su partido era conveniente que la Corte echara por tierra esta ley para sacudirse el fantasma del reeleccionismo. 

La oposición también quería que esta ley se declarara inconstitucional porque sentaba un precedente peligroso para posibles intentos reeleccionistas o acciones antidemocráticas en el futuro.

En síntesis, la decisión de la Suprema Corte dejó satisfechos a todos. Por eso, su sentencia no representaba costo político alguno. Todos salieron ganando con esta sentencia: la SCJN hizo gala de su independencia; Morena y AMLO se quitaron de encima las sospechas sobre sus intenciones reeleccionistas; la oposición quedó tranquila por los dos factores anteriores. 

Sin embargo, más allá de la autonomía de la SCJN, hay algo que rescato de esta sentencia: la actuación del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Con esta resolución, Arturo Zaldívar ha confirmado que es el personaje de la vida pública nacional que mejor entiende al presidente López Obrador. 

El ministro no sólo comprende al mandatario, sino que ha sabido cómo impulsar su propia agenda y salvaguardar la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), a pesar de las dinámicas de destrucción institucional y centralización de facultades en manos del Ejecutivo, características de este sexenio. 

Desde mi punto de vista, la famosa “captura” de la SCJN no se ha hecho con base en el deterioro de las facultades institucionales o la destrucción presupuestaria, como ha ocurrido con otras instituciones y organismos autónomos. Más bien, el riesgo de “captura” proviene del nombramiento de ministros fieles a López Obrador.

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En lo que va de su gobierno, el presidente López Obrador ha tenido la oportunidad de nombrar a tres ministros para el máximo tribunal, todos ellos cercanos a su persona y afines a su proyecto político. Se trata de Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.

Además, AMLO podrá elegir a un cuarto ministro, pues en 2021 habrá que renovar el asiento en la Corte que actualmente ocupa el ministro Fernando Franco González Salas. 

Pero, fuera del nombramiento de ministros afines —e incluso cercanos a nivel personal— a López Obrador, que no es cosa menor, me parece que la Corte está a salvo. 

Muchos interpretaron las semejanzas entre el discurso del ministro Arturo Zaldívar y la retórica del presidente López Obrador como un elemento de preocupación y como un síntoma de la subordinación de la Suprema Corte ante el Ejecutivo. Lo mismo ocurrió con las continuas apariciones de  Arturo Zaldívar en medios de comunicación, en algunas de ellas, incluso en compañía de AMLO. 

Sin embargo, pienso que tanto la afinidad discursiva como la aparente buena relación entre Arturo Zaldívar y López Obrador son todo lo contrario, pues  demuestran que el ministro entiende al mandatario y, por tanto, sabe cómo conseguir sus objetivos al frente de la Corte, aun en la difícil coyuntura que acompaña a este gobierno. 

El ministro Arturo Zaldívar le endulza el oído al presidente con promesas de acabar con  las redes de corrupción y tráfico de influencias en el Poder Judicial, aceptando que la “austeridad republicana” era necesaria en el PJF, admitiendo que la Corte “debe acercarse a la gente” y, en general, pronunciando un férreo discurso anticorrupción.

Además, el ministro presidente asiste a los eventos a los que es invitado por la Presidencia de la República y hasta ha llegado a acompañar a López Obrador en unas cuantas conferencias mañaneras. 

Con todo esto, López Obrador ve en Arturo Zaldívar a un aliado y a un ministro confiable, a quien puede “delegar” —en realidad, el Ejecutivo no manda sobre el Poder Judicial, pero él así lo ve— la responsabilidad de acabar con la corrupción en la Suprema Corte. 

De vez en cuando, el ministro presidente tiene que hacer ciertas concesiones y realizar ciertos actos que demuestren su compromiso con la Cuarta Transformación. Pero esto le da la posibilidad de manejar la Corte a sus anchas y le otorga un amplio margen de maniobra para impulsar su propia agenda al frente del máximo tribunal del país. 

Con esta fórmula, Arturo Zaldívar logró imponer su propia iniciativa de reforma al Poder Judicial y evitó que fuera otro poder el que reformara al Judicial, al menos por ahora.

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Además, durante toda su carrera judicial, Arturo Zaldívar ha sostenido posiciones progresistas y, desde que fue designado ministro de la SCJN, ha dado muestra de su independencia respecto al Ejecutivo. No olvidemos que llegó a la Corte en 2009 a propuesta de Felipe Calderón y, en diversos asuntos, votó de manera opuesta a la agenda calderonista, como en el libre desarrollo de la personalidad. 

En conclusión, las ideas progresistas de Arturo Zaldívar, aunadas a su cercanía retórica con el discurso oficial, pueden confundirse con afinidad hacia López Obrador y subordinación ante el Ejecutivo; pero, en realidad, el ministro presidente las usa como herramientas a su favor para mantener la autonomía y la capacidad de acción de la Suprema Corte.