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El Extranjero

Destapan negocios sucios del Rey Juan Carlos I

El Rey Felipe VI enfrenta una nueva crisis ahora por las investigaciones a los negocios de su padre, el Rey Juan Carlos I

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La Casa Real de España logró mantenerse en pie tras el caso Urdangarin después de poner en marcha una gran operación de Estado para salvar a la institución, que otra vez se encuentra al borde del colapso está vez por nuevas informaciones acerca de finanzas oscuras del rey emérito Juan Carlos I.

El lejano caso Nóos dejó rodando una carga explosiva con efecto retardado que ha terminado por explotar ocho años después. En la particular guerra del yerno incómodo Iñaki Urdangarin con su ex socio Diego Torres, éste puso encima de la mesa correos electrónicos que destapaban a la entonces desconocida para el gran público Corinna zu Sayn-Wittgenstein, develando los favores que don Juan Carlos le había pedido para Iñaki.

Su abrupta exposición ante los focos provocó la ruptura del silencio de la enigmática “amiga entrañable” de don Juan Carlos, quien ya admitió de forma inquietante que había llevado a cabo “importantes trabajos para el Estado”. Corinna apareció junto al Rey en el famoso accidente de caza de Botsuana.

Aunque no fueron las primeras noticias que surgieron sobre la fortuna del Rey emérito, fue la apertura de la pieza cinco del “caso Tándem” o “caso Villarejo” en el verano de 2018 la que hizo que se empezaran a investigar judicialmente posibles comisiones ilegales o existencia de testaferros la difusión de una serie de audios grabados en 2015 por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario Juan Villalonga y Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

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En esa charla, grabada en Londres, ella afirmaba que el Rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una Unión Temporal de Empresas (UTE) española de las obras del servicio ferroviario español AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas.

La pieza cinco, conocida como ‘Carol’, se cerró provisionalmente en la Audiencia Nacional sólo dos meses después debido a la falta de pruebas y a la inviolabilidad de la que gozaba don Juan Carlos en el momento de los hechos por ser jefe del Estado. Desde que abdicó en Felipe.

El Ministerio Público abrió entonces diligencias secretas, que se encargaron a un fiscal diferente a los titulares del “caso Tándem’, por la sospecha de presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias. Se trata de una fase de investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a un juzgado.

Cómo primera reacción, el monarca actual Felipe VI de España renunció a la herencia que personalmente le pudiera corresponder de su padre, Juan Carlos I, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen pueda no estar en consonancia con la legalidad o con criterios de rectitud.

El pasado fin de semana la prensa europea aseguró que Felipe VI es beneficiario de una sociedad “offshore” creada por el rey Juan Carlos vinculada a una supuesta donación de 65 millones de euros de Arabia Saudita.

La Casa del Rey responde también a la información publicada por el periódico británico “Telegraph” respecto al hecho de que Felipe VI figure como beneficiario de dos fundaciones creadas por su padre, Zagatka y Lucum, y que son investigadas en Suiza.

Anteriormente, el 3 de marzo, el diario “Tribuna” de Ginebra publicó que la Fiscalía suiza considera que 100 millones de dólares que llegaron a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum proceden de Arabia Saudíita y que el beneficiario único de esa fundación sería Juan Carlos I, en una investigación sobre supuestas comisiones en la adjudicación de la línea de alta velocidad ferroviaria Medina-La Meca.

Respecto a la fundación Zagatka, la Casa Real asegura que el rey de España desconoce por completo su supuesta designación como beneficiario, y añade que, en caso de ser así, es de aplicación su decisión de renunciar a cualquier herencia de su padre.

En cuanto a Lucum (la relativa a la supuesta donación de 65 millones de euros por parte de Arabia Saudita), se informa de que mediante una carta del 5 de marzo de 2019 dirigida a la Casa del Rey por el despacho de abogados Kobre&Kim, Felipe VI tuvo conocimiento, “sin ninguna justificación documental”, de su supuesta designación como beneficiario una vez que falleciera su padre.

Ante esa información, el rey trasladó copia a su padre y “a las autoridades competentes” y ordenó que se comunicara al despacho de abogados que ni él ni la Casa del Rey tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba, por lo que carecía de toda justificación lícita que se le involucrara en los mismos.

Antes amiga, hoy enemiga

Pero este no es el único frente judicial que afecta al Rey emérito, ya que Corinna anunció su intención de denunciarle ante los tribunales británicos por amenazas y el acoso que dice sufrir desde 2012, cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana, para que no revele secretos de Estado que, según ella, le acusan de tener en su poder.

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Además del ex monarca, dirigirá también su denuncia contra el que entonces era director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, de quien asegura que está detrás de la “campaña” en su contra y de amenazarla personalmente en Reino Unido. 

Nada más conocerse las últimas noticias sobre las supuestas cuentas y donaciones atribuidas al Rey emérito, tanto Esquerra Republicana (ERC) como Unidas Podemos y el Grupo Plural registraron sendas peticiones en el Congreso pidiendo la creación de una comisión para que investigase las presuntas irregularidades cometidas por Juan Carlos I.

En concreto, la iniciativa de los independentistas catalanes y del Grupo Plural, que integran Junts, Compromís, Más País y Bloque Nacionalista Galego (BNG), pretendía que la Cámara Baja investigase las presuntas cuentas irregulares del Rey emérito en Suiza y otros paraísos fiscales, así como determinar las correspondientes responsabilidades “civiles, éticas y políticas” del ex jefe del Estado.

Por su parte, el texto de Unidas Podemos hablaba de la “presunta comisión de, entre otros, posibles delitos de blanqueo de capitales” e indicaba que “no resulta descartable que los mismos se estén ejecutando actualmente o se hubieran ejecutado con posterioridad” la abdicación de don Juan Carlos, esto es, en 2014, momento en el que, según subrayaban, “dejó de ser inviolable”.

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