PVEM propone pena de muerte para asesinos de niños y feminicidas

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), un grupo parlamentario aliado de Morena en la Cámara de Diputados, revivió su propuesta de aplicar la pena de muerte a asesinos de menores de edad y a feminicidas, ante la reciente ola de crímenes.

El coordinador parlamentario de la fracción del PVEM, Arturo Escobar, afirmó que los criminales cometen estos delitos con premeditación y conscientes de sus actos.

“Esta clase de criminales no temen pasar el resto de sus vidas en prisión, pues saben que la debilidad del sistema de justicia y de seguridad, tienen una alta probabilidad de recuperar la libertad, quedar impunes o incluso de continuar su actividad desde alguna prisión”, aseguró el político, quien le ha dado y respaldo a Morena y al presidente Andrés Manuel L´ópez Obrador.

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El legislador del PVEM, quien estuvo acompañado por algunos diputados de Morena, manifestó que existen estudios académicos en Estados Unidos que, desde 2001, han demostrado que la pena de muerte si tiene efectos disuasivos en delitos como el asesinato.

“Un estudio de la Universidad de Emory realizado en 2003 señala que cada ejecución impide un promedio de 18 asesinatos. La misma universidad publicó en 2004 que acelerar las ejecuciones fortalecería el efecto disuasivo. Por cada 2 años y medio que el criminal pasa en el corredor de la muerte se prevendría un asesinato”, comentó.

A pesar de que en la Cámara de Diputados se aprobó pasar de 40 a 45 años de prisión como pena mínima para los feminicidas, no han servido para inhibir la comisión de estos crímenes de “extrema crueldad”, declaró Arturo Escobar y Vega.

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El PVEM propone reformar el Artículo 18 Constitucional, el cual regula la reinserción social como base del sistema penitenciario, para evitar que sea usado por los criminales alegando inconstitucionalidad. Se deberá incluir una excepción al principio de reinserción social que abra la posibilidad de sentenciar a la pena capital a los criminales.

Se reformará el Artículo 22 Constitucional, relativo a la prohibición de la pena de muerte.

Para incluir que la pena será proporcional al delito sancionado y al bien jurídico afectado (la vida de la víctima).

También, tendrá que reformarse el Artículo 29 Constitucional, relativo a las materias excluidas de los decretos de restricción o supresión de derechos, se eliminaría la fracción que prohíbe la pena de muerte en México.

Finalmente, se tiene que modificar el Artículo 94 de la Constitución que faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca en definitiva los amparos promovidos contra la pena de muerte.

La posición de México ante la Organización de los Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos cambiaría a fin de aplicar la pena capital en nuestro país. Este procedimiento llevaría un año, al menos, mientras los Estados miembros son informados de la decisión mexicana y den su aval a la medida.