Homicidios, un lastre que daña a América Latina

El continente americano alberga sólo el 13 por ciento de la población mundial, pero en esa región del mundo se registran el 42 por ciento de todas las víctimas de homicidios, una situación grave en particular para América Latina y en la que confluyen problemas de desigualdad, debilidad del sistema judicial y fortaleza del crimen organizado.

En particular, 2019 fue un año de agitación en muchos países de América Latina y el Caribe, con demostraciones públicas de violencia en México, que recuerdan los días más difíciles de la guerra contra las drogas, pasando por los crecientes combates entre grupos criminales de Colombia que intentan retomar el control tras la retirada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hasta el aumento de las masacres en Honduras.

En un análisis presentado por InSight Crime se destacan algunos de los factores que han acrecentado esta tendencia en América Latina y como esta tendencia arroja números alarmantes para este 2020. El informe analiza país por país la situación en este rubro, pero este texto resalta los casos más significativos en el continente.

Tras dos años consecutivos con niveles récord de violencia, México registró en 2019 su año más violento en un siglo.

Los 34 mil 582 asesinatos contabilizados el año pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), representaron una tasa de homicidios de 27 por cada 100 mil habitantes, lo cual ha marcado el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y su estrategia de “abrazos no balazos” para combatir a los grupos del crimen organizado del país, de acuerdo con el informe de InSight Crime.

Las bandas emergentes y con fuertes bases locales dejaron su huella en 2019, aprovechando las oportunidades que se les presentaron como resultado de la fragmentación de algunos de los grupos criminales más grandes de México.

Tras el asesinato de tres mujeres y seis niños de la familia Lebarón cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, los cuerpos esparcidos por las calles o colgados en los puentes de Michoacán y el asedio de Culiacán por el Cartel de Sinaloa, algunos ex funcionarios de la ley consultados por InSight Crime dicen que lo peor aún podría estar por venir.

Triángulo Norte

Honduras registró un preocupante repunte en los homicidios por primera vez desde 2012, causado en parte por las numerosas masacres cometidas a lo largo del año. Según cifras oficiales del gobierno, los 3 mil 996 homicidios registrados en 2019 representan un aumento del 7.1 por ciento con respecto a las 3 mil 731 muertes violentas registradas en 2018.

La fuerte disminución de los homicidios en los vecinos El Salvador y Guatemala ubica una vez más a Honduras como el país más inseguro de Centroamérica.

Estas cifras ponen en duda la política de seguridad de la atribulada administración del presidente Juan Orlando Hernández, quien por cierto sufre una crisis de popularidad, debido a que en noviembre pasado fue criticado por firmar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, en el que se confirma a Honduras como un “tercer país seguro” para los solicitantes de asilo que esperan ingresar a Estados Unidos.

No fue la única controversia que enfrentó Hernández el año pasado; en octubre fue condenado su hermano, el ex congresista Tony Hernández, por traficar cerca de 200 mil kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

Hasta ahora, el año 2020 no pinta nada mejor. Las autoridades registraron 21 asesinatos hasta el 2 de enero, y un total de 111 homicidios solamente en las dos primeras semanas del año.

La disminución de los homicidios que se registró en El Salvador en 2019 fue histórica. Los 2 mil 390 homicidios contabilizados el año pasado representaron una tasa de solo 36 por 100 mil habitantes, según datos de la Policía Nacional Civil, una reducción significativa para un país que durante años encabezó las listas de los más violentos del mundo.

Sin embargo, la fuerte disminución obedece a razones mucho más complejas. Varios analistas consultados por InSight Crime explicaron que, más que la eficacia de la política de seguridad de “mano dura” del presidente Nayib Bukele, dicho descenso podría atribuirse a un plan concertado entre las dos principales pandillas callejeras del país, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, para dejar de cometer asesinatos con el fin de mantener el control territorial y evitar enfrentamientos letales con las fuerzas de seguridad.

Dicho control territorial trae consigo más oportunidades para extorsionar, práctica que constituye la principal actividad criminal de las pandillas y su más importante fuente de ingresos. De hecho, el Ministerio Público reportó un repunte del 17.2 por ciento en las extorsiones en 2019.

En este sentido, El Salvador se encuentra en medio de una crisis política por el combate a la violencia. El presidente Bukele ingresó al Congreso rodeado de fuerzas militares y dio un ultimátum a los legisladores para que aprueben un polémico crédito para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección popular y dándole a los parlamentarios un ultimátum.

En una acción sin precedentes en la vida política del país, soldados del ejército fuertemente armados con fusiles de asalto y policías antimotines entraron el domingo al llamado Salón Azul de la Asamblea Legislativa, previo a la llegada de Bukele para rezar frente a los diputados.

Mientras tanto, las autoridades de Guatemala identificaron otro descenso en la tasa de homicidios del país en 2019. Después de los 3 mil 881 asesinatos en 2018, los 3 mil 578 reportados el año pasado llevaron a que la tasa de homicidios bajara a 21.5 por 100 mil habitantes en 2019, según datos del Ministerio de Gobernación.

Sin embargo, el país sigue siendo azotado por la inseguridad. Como InSight Crime constató en una investigación de un año de duración hecha en conjunto con Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Guatemala tiene la tasa de extorsión más alta de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica.

La MS13 y Barrio 18 continúan controlando grandes zonas de Ciudad de Guatemala, donde les exigen pagos a los propietarios de pequeños negocios y a los conductores de autobuses, por mencionar solo dos sectores.

Además, mantener la disminución que se ha presentado en los homicidios durante los últimos años podría resultar difícil tras la llegada del presidente Alejandro Giammattei. El nuevo mandatario, ex director de prisiones vinculado a las élites de derecha de Guatemala, ha prometido apretar las tuercas contra las pandillas del país, en parte calificándolas como grupos terroristas.

Este tipo de estrategias de línea dura no han dado resultados positivos en el pasado, y además reducirían los recursos para las investigaciones anticorrupción, tan necesarios tras la disolución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por Naciones Unidas, cuya labor quizá ayudó en parte a reducir las tasas de crímenes violentos.

Caso singular

Después de un aumento en 2018 debido a la agitación en todo el país y a las violentas represiones contra los manifestantes de la oposición por parte del presidente Daniel Ortega, los niveles de violencia registrados en 2019 parecen haber vuelto a bajar a los niveles de 2017 y 2016. Los 488 homicidios contabilizados en 2019 representan una tasa de 7.5 por 100 mil habitantes.

Si bien la agitación continúa, en 2019 no se presentó el asesinato y la desaparición de cientos de estudiantes, activistas y líderes de la oposición –en gran parte a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos paramilitares progubernamentales–. Aun así, decenas de miembros de la oposición continúan detenidos arbitrariamente por cargos falsos, y el futuro de la seguridad del país continúa siendo incierto en el mejor de los casos.

Ortega calmó las aguas y parece que seguirá en su mandato, pese a que sus gobernados ya no lo quieren en el poder, pero hoy ese país sufre una ola de suicidios.

Sudamérica en ascenso

Con una impresionante proyección de 41 mil 250 asesinatos en total, o 113 por día, Brasil tuvo de lejos la mayor cantidad total de homicidios en América Latina en 2019. Sin embargo, esta cifra representa una notable mejora del 16 por ciento con respecto al total del año pasado, de 48 mil 802, según lo informado por el Monitor de Violencia de Globo. Esta reducción es la mayor mejora de la tasa de homicidios de Brasil en 11 años.

Todos los estados reportaron alguna reducción en la tasa de homicidios durante los primeros ocho meses del año, según Globo, que indica que Acre, Ceará y Rio Grande do Norte reportaron las mayores caídas, de más del 30 por ciento.

Los funcionarios de estos estados señalaron que la adopción de programas sociales de prevención de delitos, la creciente colaboración entre las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia, y las mejoras en el sistema penitenciario brasileño, como el aislamiento o la transferencia de los líderes de los grupos criminales, son las causas de dicha reducción.

Si bien el presidente Jair Bolsonaro se ha dado crédito por estos avances, como lo expresó ante la Asamblea General de la ONU el año pasado, existen dudas sobre la eficacia de las políticas de seguridad de su administración. Muchas de las innovaciones mencionadas por los funcionarios se hicieron a nivel estatal y no federal. Además, el predecesor de Bolsonaro, Michel Temer, implementó una mayor cooperación interinstitucional y mejoró la capacidad de investigación de las fuerzas del orden.

InSight Crime destaca que la sociedad civil también ha expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, pues, entre otras cosas, los asesinatos cometidos por la policía han alcanzado niveles récord, se han descubierto varias fosas comunes, y 23 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas en 2019.

La crisis económica, política y social de Venezuela aumenta debido a la decisión de Nicolás Maduro de mantenerse en el poder y de Estados Unidos de sacarlo del mismo, el país sigue siendo el más violento de América Latina al registrar 16 mil 506 asesinatos en 2019, lo que significa una tasa de homicidios de 60.3 por 100 mil habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, (OVV).

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Si bien la tasa de homicidios disminuyó cerca del 25 por ciento en 2019, con respecto al 81.4 por 100 mil que se registró en 2018, la situación sigue siendo preocupante.

Dicha reducción puede atribuirse en parte al mayor control territorial que ejercen los grupos del crimen organizado, así como a la migración de delincuentes menores a otros países de la región, dado que, debido a la crisis por la que atraviesa el país, allí encuentran pocas oportunidades para delinquir, como lo señala el OVV.

Después de una constante disminución de los homicidios entre 2002 y 2017 y un pequeño repunte en 2018, las cifras en Colombia volvieron a caer en 2019, a pesar de que la criminalidad del país continúa en un proceso de adaptación tras la retirada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los 12 mil 825 homicidios registrados el año pasado –una ligera disminución con respecto a los 12 mil 923 de 2018– arrojan una tasa de homicidios de 25.4 por 100 mil habitantes, según datos presentados por el presidente Iván Duque.

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Con actos como un carro bomba en Bogotá y atentados con explosivos en estaciones de policía, así como desplazamientos masivos en regiones fronterizas estratégicas, la violencia continuó en todo el país, dado que los disidentes de las FARC y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Urabeños, entre otros grupos criminales, se enfrentan por el control de áreas clave para la producción de drogas y las rutas de tráfico.

Los líderes sociales que luchan por la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 han quedado en el fuego cruzado. Según datos de Front Line Defenders, los asesinatos de 106 defensores de los derechos humanos en 2019 hicieron de Colombia el país más peligroso del mundo para quienes se dedican a esa labor. Además, Naciones Unidas informó que al menos 15 líderes sociales fueron asesinados en las dos primeras semanas de 2020.

Y Bolivia registró en 2018 una tasa de homicidios de 6.3 por 100 mil habitantes, una disminución con respecto a los niveles de violencia observados en 2017.

Sin embargo, el gobierno aún no ha publicado datos oficiales sobre los homicidios en 2019, en tanto el país intenta estabilizarse tras la renuncia al poder del presidente Evo Morales en octubre.

Las semanas siguientes estuvieron marcadas por la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad y la masacre de decenas de manifestantes y miembros de las comunidades indígenas. Pero en ese país la mecha está muy corta y en cualquier momento la situación puede dar una voltereta.

Por: Alfonso López Orrante