Los derechos humanos en tiempos de la 4T

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra compareció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Aunque muchos analistas sostienen que la comparecencia fue una pérdida de tiempo, para mí no tiene desperdicio, porque es muy ilustrativa de la visión que el actual gobierno tiene de las instituciones. 

¿Por qué la comparecencia causó tanto revuelo? Porque, fiel al estilo de AMLO y de Morena, Rosario Piedra se preocupó por atacar a las administraciones pasadas de la CNDH, por dejar en claro que le habían entregado a la Comisión en un estado de descomposición tremendo y por anunciar con bombo y platillo sus logros en materia de austeridad republicana (disminución de salarios a funcionarios, ya no se utilizan los ostentosos vehículos blindados, el presidente de la Comisión ya no gozará de los servicios de un chef personal, etc.). 

Pero no dedicó esfuerzo alguno a informar sobre la situación actual de los derechos humanos y, menos aún, a declarar qué planea hacer ella, como presidenta de la Comisión, para combatir las violaciones a derechos humanos perpetradas por autoridades públicas o para mejorar la protección de los derechos fundamentales en el país. 

Repito, la narrativa de Piedra Ibarra es muy ilustrativa para comprender la posición que tienen las instituciones en el imaginario de la 4T.

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Tanto AMLO como Piedra Ibarra parten de una serie de premisas falsas —o, si se quiere, de prejuicios— para calificar el papel de la CNDH en las administraciones anteriores. 

La primera de ellas es la siguiente: la CNDH surgió en el período neoliberal, como una concesión a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en el marco de las negociaciones del TLCAN, por lo tanto, la Comisión siempre fungió como una pantalla para satisfacer a los gobiernos extranjeros, pero sin realmente proteger los derechos humanos de la población. 

La segunda de ellas es la siguiente: las recomendaciones de la CNDH no tienen carácter vinculatorio, además de que la institución carece de medios coercitivos para hacer cumplir sus recomendaciones, por lo que, en realidad, éstas no sirven de nada. 

La tercera de ellas es la siguiente: los presidentes de la CNDH, al ser electos en el período neoliberal, eran corruptos y cómplices de los gobiernos anteriores. Se preocupaban más por ocultar las violaciones a derechos humanos del gobierno federal que por investigarlas. 

La cuarta premisa falsa se vincula a la tercera: como la CNDH se creó en el período neoliberal, entonces su diseño institucional es malo por antonomasia. No es sólo que los altos funcionarios de la Comisión fueran corruptos, sino que la institución en sí misma era un nido de corrupción. 

López Obrador, Morena y Rosario Piedra se equivocan con todas y cada una de estas ideas. Se nota que desconocen por completo la obra de la Comisión. Se nota, también, que no les interesa conocerla.

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Es verdad que la CNDH surgió, en buena medida, como respuesta a las presiones de Washington en el marco de la negociación del TLCAN, pero no se pueden obviar los trabajos de decenas de organizaciones no gubernamentales y de activistas sociales que presionaron al gobierno de Salinas para que hubiera un sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos en México. 

Además, la CNDH ha estado lejos de ser solamente una pantalla. Ha emitido cientos de recomendaciones a autoridades federales, estatales y municipales en casos de violaciones a derechos humanos. Aunque éstas no son vinculantes y sería deseable que se legislara una reforma para que lo fueran, las recomendaciones son fundamentales porque ponen a las autoridades que violaron los derechos humanos bajo la lupa del escrutinio público. 

Así, muchas recomendaciones de la CNDH han culminado en despidos de funcionarios, en cambios en el interior de las instituciones y en reconocimientos públicos de la responsabilidad del Estado en casos de violaciones a derechos humanos. 

Adicionalmente, las recomendaciones de la CNDH ponen a los derechos humanos en la agenda de la discusión pública. Mientras los derechos humanos sean importantes para los medios de comunicación, para los académicos y para los líderes de opinión, hay más posibilidades de que éstos lleguen a la agenda de las autoridades gubernamentales de todos los niveles. 

También es necesario aclarar que la CNDH, salvo en casos excepcionales (los cuales son, desde luego, condenables), no ha sido cómplice del gobierno federal. Por ejemplo, en el sexenio de Calderón, la Comisión se pronunció constantemente contra la guerra contra el narcotráfico, a pesar de que este tema era el eje del proyecto político del calderonismo.

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Finalmente, la falacia más grande es la que asegura que todas las instituciones creadas en el período neoliberal son malas y corruptas. El INE fue creado en esa etapa y es una institución fundamental para la democracia mexicana. Lo mismo con el INAI, pero en materia de transparencia y acceso a la información. Y se podrían citar decenas de ejemplos más. 

A pesar de que es un error establecer un vínculo directo entre el neoliberalismo y la democratización, en el período neoliberal se produjo un proceso de institucionalización del sistema político mexicano, que todavía no llega a un estado de madurez, pero que ha servido para acabar con el viejo sistema autoritario.

Por Jacques Coste Cacho