Potabilizadora de agua en Río Sonora no filtra metales pesados

 BANÁMICHI, Sonora. La única planta potabilizadora de agua, que se instaló y trabaja en el Río Sonora de forma ininterrumpida luego del derrame tóxico de Grupo México, no tiene la capacidad de filtrar metales pesados, la necesidad más apremiante para los habitantes de esta zona, pues los pozos siguen contaminados.

En Banámichi, uno de los municipios de Sonora que resultó con afectaciones, apenas este 16 de julio —a cinco años de distancia de la contingencia ambiental— el gobierno del Estado puso en marcha la primera de las nueve plantas que se gestionaron a través de la Zona Económica Especial del Río Sonora, aprobada en febrero de 2017 por el Congreso del Estado como iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Aunque esta planta — una AZUD Watertech DW — es de última tecnología y tiene la capacidad de filtrar las impurezas del agua con la dosificación exacta de cloro para dejarla bacteriológicamente limpia, sigue sin ser agua potable al mantener la presencia de hierro, un metal pesado que aparece por encima de lo que establece la NOM 127 y se está distribuyendo a los hogares del municipio.

De acuerdo con los resultados del estudio más reciente realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en colaboración con la Universidad de Sonora (Unison) y el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), el fierro apareció cinco veces arriba de la norma en 2014, 2017 y todavía en julio de 2018.

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Según estos mismos datos, 32 de los 33 pozos de la región continúan contaminados con metales pesados como aluminio, plomo, arsénico, manganeso, antimonio y mercurio. Sólo el del municipio de Aconchi salió limpio.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con sus propios muestreos y resultados publicados el 9 octubre de 2014, descartaron que el agua de los pozos estuviese contaminada, por lo que “es apta para consumo humano” y comenzaron la gestión e instalación de las plantas potabilizadoras.

Previo a la puesta en operación de la planta de Banámichi y de acuerdo con la información recopilada por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), con el Fideicomiso del Río Sonora existió la promesa de instalar 36 plantas potabilizadoras en los pozos ubicados en los siete municipios afectados y sus comunidades aledañas; luego la cantidad se redujo a 28 en 2016 para, finalmente, quedar en nueve en 2017.

De estas, sólo se instalaron tres más: La de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe; la de La Capilla, en Baviácora y la de San Rafael, en Ures. Todas estas funcionan de manera intermitente y no siempre bombean agua hacia las comunidades al no tener electricidad de forma permanente.

Otras más, fueron plantas móviles, como del tamaño de un automóvil pequeño, que no fueron usadas y que acabaron guardadas en los patios de los ayuntamientos.

Antonio Romo Paz, químico y académico de la Universidad de Sonora, así como integrante de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente y quien se ha dedicado a dar un seguimiento exhaustivo a la calidad del agua de los pozos, manifestó que es lamentable que no se hayan considerado las investigaciones de las universidades para la instalación de las plantas necesarias para abastecer de agua a los más de 22 mil afectados en los municipios.

 “Qué lástima que no contemplaron los metales pesados, porque ya existía esa información y las autoridades de salud la conocían desde el 2015, cuando propusieron la construcción de 33 plantas potabilizadoras en el Río Sonora con tratamiento para separación de metales pesados”

Antonio Romo Paz, químico y académico de la Universidad de Sonora

Con la compañía de Loyda Valdéz, activista y actual regidora de Morena en Banámichi, Cobertura 360 visitó las instalaciones de la planta ubicada en Banámichi que opera conectada al pozo “El Peñasquito”.

“Lo han manejado todo totalmente ‘top secret. Como regidora, he sacado información a tirabuzón (sobre la planta) porque, como soy de Morena, se cierran; el primer cuestionamiento es cuándo se va a mandar a analizar el agua y saber qué características tiene esta planta y si de verdad tiene las membranas separadoras de metales pesados”.

En el lugar, el técnico encargado de la operación de la planta ofreció un recorrido y mostró cómo es que funcionan los diversos filtros que tienen la capacidad de potabilizar hasta 50 metros cúbicos de agua por hora, pero sin detallar si podía eliminar la presencia de metales.

Además, en el recorrido se pudo constatar que, producto del proceso de potabilización, esta planta desecha agua con una cantidad un poco mayor de cloro y que se derrama sobre el suelo al no tener un sistema que la almacene.

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De acuerdo con especialistas, este derrame no representa un riesgo ya que el cloro es un gas que se evapora en poco tiempo, sin embargo, el líquido se está desperdiciando al derramarse y no ser utilizado para algún otro propósito, aunque el municipio aclaró que está trabajando en la manera de aprovechar el recurso.

 Tampoco se sabe con exactitud cuánta agua se tira al día, pues no se cuenta con un flujómetro que lo mida.

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 Alejandro Molina Salazar, presidente municipal de Banámichi desde septiembre de 2018 y representante de los alcaldes de la Zona Económica Especial del Río Sonora, explicó vía telefónica que esta planta se instaló con base en los resultados de la Cofepris y que él desconoce los que fueron otorgados al Fideicomiso por las universidades.

“Es una potabilizadora donde, supuestamente, en aquellos tiempos, tuvo de antecedente los estudios de Cofepris y, con el análisis, Banámichi era candidato a este tipo de potabilizadora por los metales pesados debajo de la norma de metales”

Alejandro Molina Salazar, presidente municipal de Banámichi

 Molina Salazar confirmó que la planta no tiene la capacidad de filtrar estos elementos, pues no cuenta con el proceso de ósmosis inversa y facilitó los planos de la planta para dar a conocer sus características.

 En una entrevista previa, Juan Gabriel López, tesorero municipal y quien se encontraba supliendo al alcalde por una licencia médica afirmó que el pozo no ha tenido nuevos muestreos para determinar la calidad del agua que se bombea a las casas.

 No hay muestreos y no tenemos más que hacer la sugerencia de que en todos los pueblos se hicieron porque, sí es también cierto que la presencia de metales pesados no es continua, no nos podemos fiar de un muestreo nada más”, dijo.La única forma de retirar los metales pesados del agua es mediante un proceso de ósmosis inversa, reafirmó Antonio Romo Paz; no hay otra posibilidad, dijo, por lo que el agua que se está distribuyendo en Banámichi no es potable.

“Con la ósmosis inversa se utiliza una membrana que no deja pasar los metales pesados, se filtra por esa y quedan recogidos. Luego se descarta esa membrana y se vuelve a poner otra para continuar filtrando”, comenta el especialista.

“No hay de otra, porque puede separar los metales, quitarlos. Pero, si se utiliza otro método de purificación de agua, de nada sirve porque van a estar presentes; por ejemplo, el hierro produce una enfermedad llamada hemocromatosis, no a cualquiera le da —puede ser 1 por ciento de la población— pero, de todos modos, si hay una norma es para cumplirla, porque te da un límite para proteger y si está fuera de este, no se puede consumir”

ANTONIO ROMO PAZ, QUÍMICO Y ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

De acuerdo con el académico, el agua de los pozos se comporta diferente en cada lugar y los metales pesados están en constante movimiento debido a las condiciones propias de cada uno, por las corrientes internas y por condiciones climáticas como las lluvias que provocan que los que estaban sedimentados resurjan en las aguas superficiales.

“También hay corrientes que vienen de otras regiones cerca del río que llevan esos metales y por eso se registran (en los muestreos). (Los niveles) duran semanas altos y luego baja la contaminación de metales, pero un pozo que ya tuvo metales pesados, con toda seguridad, seguirá presentando —si no al año— a los dos o tres”.

Entre 2017 y 2018, los pobladores de Bacanuchi —la principal comunidad afectada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos—, académicos y defensores de los derechos humanos decidieron tomar acción ante la falta de soluciones de Grupo México y de los gobiernos federal y estatal.

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 Al no tener agua potable pues la planta que instaló el Fideicomiso operaba de forma irregular por no estar conectada a una fuente permanente de electricidad, los ciudadanos organizados se trazaron el objetivo de instalar su propia planta purificadora sin ayuda del gobierno.

 Héctor Vega, investigador en Teoría Social de la Unison y defensor de los derechos humanos, fue una de las personas que lideró la lucha de esta comunidad perteneciente al municipio de Arizpe.

“La gente del ejido Bacanuchi, Eduardo Elizalde -que es un colega documentalista- y yo, entre otras tantas personas solidarias, hicimos intentos para recolectar fondos y construir e instalar una planta purificadora para tener agua de consumo humano, con un proceso de ósmosis inversa para la eliminación máxima de metales pesados y para reducir los costos de agua de consumo doméstico, porque la gente estuvo tres años comprando garrafones de agua a 30 pesos”

Héctor Vega, investigador en Teoría Social de la Unison y defensor de los derechos humanos

 El equipo logró reunir 120 mil pesos que sirvieron únicamente para la obra de la planta, pero aún faltaba toda la maquinaria. Fue gracias al Club 700, una asociación civil que se interesó en el proyecto al ver un video en redes sociales acerca del esfuerzo de la gente de Bacanuchi, que decidió apoyar y donó la planta purificadora.

“El agua viene muy pesada porque tiene muchos elementos, entonces se taparon los filtros antes del tiempo que la empresa donadora había dicho”, agrega  Vega.

“Se cerró momentáneamente, mientras llegaban los insumos, pero de 30 pesos por garrafón se logró bajar a 10 pesos y la administración es de la misma comunidad, es un trabajo colectivo de la gente del ejido”.

 El objetivo fue hacer todo de manera autónoma, sin pedir un solo centavo al gobierno, porque no querían que se lavara las manos de todas las deudas sociales y medioambientales que tiene, concluye.

Por Astrid Arellano. Reportaje publicado en alianza colaborativa con Proyecto Puente.