Gobierno de Baja California pide a la Corte anular Ley Bonilla

El gobierno de Baja California pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la reforma que extiende el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años, conocida como Ley Bonilla.

El secretario de Gobierno de la actual administración, Francisco Rueda, promovió ante la Suprema Corte una controversia constitucional para impugnar la reforma al artículo transitorio de la Constitución de Baja California.

La controversia se turnó al ministro Fernando Franco, quien en los próximos días acordará sobre su admisión a trámite.

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El recurso legal se suma a los que ya interpuso el viernes pasado el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano ante la SCJN, pero no han tenido admisión.

El gobierno de Baja California en su demanda no pide al ministro la suspensión de la reforma a la Constitución de Baja California.

Los cambios legales para extender el mandato fueron a una ley general, que la SCJN no puede congelar, porque el problema no radica en la llegada de Bonilla como gobernador, sino en cambiar su periodo de gobierno.

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La controversia presentada ante la Corte establece que se modificó ilegalmente respecto a la temporalidad de la extensión de mandato de Jaime Bonilla, como gobernador de la entidad.

Solicitó que la SCJN determine que la gubernatura no excede los seis años, además de que se tenga en cuenta para las próximas elecciones y administraciones que lleguen a la entidad.

El gobierno a cargo actualmente de Francisco Vega de Lamadrid también argumenta que el Congreso de baja California excluyó al poder ejecutivo del proceso de la reforma a la ley, a pesar de que las normas locales mandatan incluirlo.

El gobierno de Baja California ya hizo oficial la extensión de mandato de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años como el jefe de la entidad, luego de que publicó la reforma en el Periódico Oficial del Estado.

La Secretaría de Gobierno del Estado informó que el documento ya está disponible en Mexicali, tras la publicación del número especial 45.

La reforma a la ley modificó el periodo de la gubernatura del 1 de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2024, cuando desde el 2014 el periodo estaba definido por dos años solamente.

Esta extensión de mandato conocida como Ley Bonilla tuvo muchas críticas, porque la consideran anticonstitucional.