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Gobierno debe pagar interés por retrasar pagos a empresas: CCE

Carlos Salazar, presidente del CCE, propuso que el gobierno debe pagar un interés por retrasar las devoluciones de impuestos a las empresas

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El Consejo Coordinador Empresarial ( CCE )planteó que el gobierno debe pagar intereses por retrasar más de 30 días las devoluciones de impuestos a las personas morales, debido a que, las empresas recurren a préstamos bancarios al no contar a tiempo con ese dinero para sus gastos operativos.

“Los más afectados con esto (devoluciones de impuestos) son las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para estas compañías el capital de trabajo es todo. No hay inversión en las Mipymes porque parte de su trabajo está invertido en las cuentas por cobrar, lo que se podría proponer es que se les empiecen a pagar intereses, porque esas empresas recurrirán a un banco a pedir un crédito”, manifestó Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE.

En este sentido, añadió, que lo justo es que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconozca una determinada cantidad de intereses a las empresas que ha detenido la devolución de impuestos.

El líder del CCE evaluó que esta condición también debe aplicarse cuando el gobierno federal, los estados y los municipios se retrasan en el pago de bienes y servicios proporcionados por particulares.

“El llorar de todos los empresarios es que hay retrasos en los pagos de los distintos bienes y servicios que ofrecen las empresas al gobierno. Por eso es que deberían de regresarse, a las empresas más pequeñas, el pago de intereses. Si queremos reactivar la economía y sabemos que las compañías pequeñas del país son las más importantes, es que debemos protegerlas”, aseveró.

Ya entrado en detalle, uno de los principales promotores del acuerdo alcanzado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las constructoras de gasoductos, sostuvo que los permisos para las construcciones también deberían entrar en la categoría del pago de un interés.

Explicó que un permiso de construcción debe tardar 90 días; sin embargo, cuando la respuesta de las autoridades tarda más de lo debido, las empresas constructoras y desarrolladoras ya cuentan con financiamiento para la obra, el material, contrato del proyecto, la ingeniería y mas recursos que al estar detenido el proyecto se traduce a ineficiencias para la compañía y la economía de México.  

Salazar Lomelí criticó que los legisladores se ocupen en generar leyes, como el catalogar la comercialización de las facturas falsas como delincuencia organizada, en lugar de observar cuáles prácticas están frenando el desarrollo de las empresas, en especial de las Pymes, quienes concentran el 70% de la generación de empleos.

Por Nancy Balderas

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