Seguridad
Presentan controversia contra “Ley Garrote” de Tabasco
La Ley Garrote fue aprobada el 26 de julio para incrementar las penas previstas para el delito de oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas.
La dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la llamada “Ley Garrote” aprobada recientemente por el Congreso de Tabasco.
Argumentó que el artículo 308 Bis del Código Penal de Tabasco viola el artículo sexto constitucional en materia de libertad de expresión y el noveno en materia de libre asociación.
“Esa legislación representa un atropello y un exceso por parte del Congreso de Tabasco, ya que vulnera el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos”, dijo el senador Clemente Castañeda, coordinador del instituto político.
“Vamos a darle garrote a la #LeyGarrote. MovCiudadano presentó hoy ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la ley que promulgó el gobierno de Tabasco hace unas semanas: una legislación que significa un retroceso y golpe a nuestra democracia”, publicó Castañeda en sus redes sociales.
Agregó, en conferencia de prensa, que más allá de facilitar el desarrollo económico del estado, esa Ley otorga mayores “instrumentos ilegales” para tratar de obstaculizar cualquier manifestación de carácter político.
“Nos parece que la decisión que tomó el Congreso de Tabasco, es una acción que merece ser revisada por la Suprema Corte de Justicia. Es una legislación que viola flagrantemente los artículos sexto y novenos de la Constitución. Las libertades de expresión y de asociación son vulneradas por esta legislación”, subrayó.
El legislador jalisciense señaló que “no se puede aceptar que cualquier gobierno estatal o un régimen político, pretenda vulnerar los derechos de los ciudadanos”.
El 24 de junio pasado, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, de Morena, envió al Congreso local una iniciativa para modificar cuatro artículos, y adhesiones a otros dos del Código Penal estatal.
Su iniciativa fue aprobada el 26 de julio con el fin de incrementar las penas previstas para el delito de oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas, y sancionar a quienes vulneren o pretendan vulnerar el ejercicio de la autoridad para el logro de los fines del estado.
Movimiento Ciudadano acudió a la SCJN para controvertir dicha legislación, conocida popularmente como la “Ley Garrote”.
Por Redacción
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