Quieren una defensoría del pueblo como en Venezuela

La Oficina de la Presidencia de la República propone transformar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una Defensoría del Pueblo, como lo hizo Venezuela en 1999, cuando estaba en el gobierno Hugo Chávez.

“Actualmente tenemos el ejemplo de muchas constituciones de América Latina, donde se consagra expresamente la figura del Defensor del Pueblo, del Defensor de los Derechos Humanos y, en otros casos sin previsión constitucional, como en Costa Rica, donde por ley se ha creado una figura similar”, según el documento enviado a la Cámara de Diputados.

La propuesta realizada por la oficina a cargo de Alfonso Garza recuerda que  en la Constitución venezolana de 1999 le quitaron al Ministerio Público la protección institucional de los derechos humanos, por lo que se asignó al Defensor del Pueblo.

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“El caso de Venezuela, cuya Constitución de 1999, creó la figura del Defensor del Pueblo, como órgano del Poder Ciudadano, que es uno de los cinco órganos del Poder Público Nacional, el cual el artículo 136 divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”, agrega el documento.

Los cambios pedidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya están en manos de diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT).

Los tres partidos, que llevaron a López Obrador a la silla presidencial, impulsan la desaparición del marco legal de la CNDH, porque ven una falta de vinculación en sus recomendaciones y falta de autonomía.

El documento elaborado por la Oficina de la Presidencia agrega que para realizar el cambio de Comisión a Defensoría contará con las recomendaciones de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), quien asesora al gobierno de López Obrador en proyectos como la consolidación de la Guardia Nacional y la construcción del Tren Maya.

“Para alcanzar los mejores estándares democráticos y erradicar los rasgos autoritarios del Estado se requiere reconfigurar a la CNDH en el espacio que se le ha negado a los ciudadanos para convertirla en una Defensoría del Pueblo”, expresa el proyecto.

“Resulta necesario subrayar las tres principales debilidades de nuestro sistema de protección no jurisdiccional —dependencia del poder Ejecutivo, falta de vinculación de sus recomendaciones y falta de autonomía— y plantear algunas alternativas para contribuir a su evolución y consolidación”, añade el documento.

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La CNDH ha mantenido una relación de dependencia histórica con los gobiernos desde la fecha en que se creó (1990) durante la administración de Carlos Salinas de Gortari; y sistemáticamente su operación en las administraciones de Ernesto Zedillo Ponce de León; Vicente Fox Quesada; Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, ubica en su análisis el informe, que elaboró la Oficina de la Presidencia.

“Su origen gubernamental y su dependencia histórica al poder ejecutivo, factores que en alguna medida explican el por qué importantes sectores de la sociedad asocian a los organismos de protección de derechos humanos con instancias protectoras de personas responsables de delitos y violaciones a derechos humanos” sostiene.

En segundo lugar, el carácter no vinculatorio de sus recomendaciones, así como “su debilidad para hacer cumplir sus mandatos, particularmente tratándose de problemáticas y conductas que afectan de manera muy sensible a la sociedad”.

Y, la inexistencia de una autonomía constitucional de los organismos de protección en las entidades federativas, la cual genera que, al final del día, sea la Comisión la instancia que termine resolviendo asuntos de carácter estrictamente local.

¿Qué es una Defensoría del Pueblo?

La figura de la Defensoría del Pueblo es una institución que, al lado de la sociedad civil y los organismos de control del Estado, garantiza la existencia de un equilibrio para el adecuado funcionamiento de la democracia; se ha desarrollado en países como Bolivia, Ecuador, Colombia, España, por decir algunos.

Esta figura busca atender a los ciudadanos en tópicos como el medio ambiente, salud, educación, migración, libertad de expresión, de manifestación, pueblos indígenas, acceso al agua, a las nuevas tecnologías, entre otros temas.  

Al igual que Venezuela, y en este momento Chile, Uruguay y Brasil buscan desarrollar esta figura e incorporar a un defensor del pueblo, algo que están haciendo de la mano de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que preside Michelle Bachelet.

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Por José Victor Rodríguez